•  Transporte público y la red de complicidades

Qué bueno que finalmente, después de más de 12 años, al parecer ahora sí se va a poner orden en todo lo que significa el transporte público –en sus diferentes modalidades- que hasta ahora han resultado más una fuente de corrupción, que una solución para las necesidades de traslado de pasajeros.

El primer paso se dio este lunes, en el patio central de palacio de gobierno, en donde el ejecutivo estatal Miguel Angel Yunes Linares firmó la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte y del Código de Derechos, que dará sustento a este programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público.

Hay que decirlo con toda claridad, no es una tarea fácil ni sencilla, se va a requerir algo más que una varita mágica, porque son demasiadas las irregularidades que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años, en un intrincado sistema de corrupción, en el que no solo participan las autoridades de Seguridad Pública y Tránsito, sino también dirigentes de sindicatos y agrupaciones de transportistas, en lo que bien podría calificarse como un juego de pirinola en la que “todos salen ganando” y los únicos perjudicados son los usuarios del transporte público.

Para tener una idea más precisa del tamaño de la corrupción y de los negocios millonarios que se hacen al rededor del transporte público, hay que decir que hasta el año de 1998 había en todo el estado un total de 14,018 taxis –las famosas concesiones- al finalizar la administración de Fidel Herrera Beltrán ya se habían otorgado 61,000 y en el sexenio de Javier Duarte se siguió operando con la venta de permisos y se llegó a 80,846 que son los que se tienen en la actualidad.

En esos 20 años, el crecimiento del número de concesiones –nada más de taxis- fue del 477%.

En el municipio conurbado de Banderilla se habían autorizado dos concesiones de taxis y en la actualidad hay 1500.

Es bien sabido, que las concesiones y placas de taxis han sido acaparadas por toda clase de miembros de la clase política en turno, desde diputados –para que votaran a favor las iniciativas del gobernador- alcaldes, periodistas, líderes sindicales y demás funcionarios, que no podrían justificar el tener más de una concesión.

Mientras que los auténticos trabajadores del volante, siguen sin poder recibir una concesión.

En el otro aspecto del transporte público de los autobuses de pasaje, el crecimiento también fue explosivo, pasaron de 7,654 en 1998 a 13,195 con Javier Duarte lo que significó un crecimiento del 72%, o sea, 3.5 veces más de lo que creció la población.

Pero además, la mayoría de los llamados camiones urbanos, en realidad son desechos de transportes escolares de Estados Unidos, que se importan a bajo precio y lo pintan para trabajar como transporte urbano.

Las famosas “revisiones” al transporte público, solamente sirven para que los encargados reciban en paquete los documentos y sean “aprobados” hasta sin necesidad de presentar las unidades para comprobar las condiciones en que se encuentran.

En la medida en que se empiece a apretar a los concesionarios para que cumplan con los requisitos de ley, seguramente que también empezarán a darse las denuncias de corrupción de quienes negociaron con los miles y miles de concesiones, que en muchos de los casos deberán ser retiradas, porque como ya ha quedado registrado se utilizan hasta para cometer toda clase de ilícitos.

Aunque en la presentación del programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público es un primer paso, todavía hay que dar muchos más, sobre todo lo que representa un negocio multimillonario, en el que no solo están inmersas las cabezas, sino también una amplia red de complicidades.