Published On: Sab, Jul 15th, 2017

  • Poder Legislativo: les podría salir el tiro por la culata

 

 

¡Ahora sí!, que como bien dice el filósofo de mi pueblo, Pancho López, a los y las diputadas del Congreso Veracruzano “les podría salir el tiro por la culata”, si como es costumbre levantan su dedito para aprobar una iniciativa de decreto que fue presentada por el mismísimo Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán en la sesión del pasado martes, que se refiere básicamente a sancionar a los funcionarios públicos que realicen u ordenen un despido de un trabajador de manera injustificada.

Luego se quejan de que los y las diputadas tienen fama de que nada más levantan el dedo para aprobar las iniciativas que se presentan en el pleno, sin tomarse la molestia, siquiera, de leerlas, con el pretexto de que “ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial” y se supone que las deben de haber analizado detenidamente.

Tal parece que el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputado plurinominal, obviamente no se tomó la molestia de valorar las consecuencias de la iniciativa que presentó, pues aunque aparentemente se trata de “defender los derechos de los trabajadores” no se dio cuenta que también los trabajadores del Congreso del Estado tienen esos derechos, por lo que de ser aprobado el decreto que adiciona un Artículo 317 bis al Código Penal del Estado de Veracruz para castigar a los servidores públicos responsables de las relaciones laborales, cuando realicen u ordenen un despido injustificado, en perjuicio tanto del trabajador, al no respetar sus derechos y los procedimientos consignados en la legislación laboral, como de la hacienda pública.

A menos que los y las diputadas del Congreso hayan olvidado ya que no forman parte de ninguna “casta divina” sino que son simples funcionarios públicos, que se supone trabajan en el Poder Legislativo para hacer leyes que beneficien y no que perjudiquen a todos los veracruzanos.

Porque da la casualidad, de que el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política y también diputado plurinominal del PAN —es decir que ningún veracruzano lo eligió, sino que fue nombrado por su partido— Sergio Hernández Hernández anunció esta misma semana que serán setenta los empleados del Poder Legislativo los que serán despedidos.

Es decir, que en un futuro próximo estaremos viendo que esos empleados del Congreso, que ya han empezado a ser despedidos sin ninguna justificación legal, más que el argumento de que se trata de hacer ahorros y ajustes en el gasto, habrán de presentar las respectivas demandas y que si los y las diputadas levantadedito lo aprueban, se podría proceder precisamente en contra de los funcionarios responsables de esos despidos en el mismo Congreso veracruzano.

El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán desde la máxima tribunal en el Estado de Veracruz aseguró que, en los últimos años, las haciendas públicas se han visto afectadas gravemente como resultado de laudos condenatorios recaídos en múltiples demandas laborales en contra de ayuntamientos y de dependencias y entidades de la administración pública estatal.

“De acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en diversos medios, se estiman adeudos en esa materia por más de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3% del Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4% de los ingresos totales de los gobiernos municipales, lo que evidentemente pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades públicas”.

El legislador local, Juan Nicolás Callejas agregó que este problema se ha generado, entre otras causas, por “despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral aplicable, ello en respuesta, en algunas ocasiones, a lamentables basificaciones masivas de trabajadores realizadas por autoridades salientes, con la intención de dejar con protección laboral a las personas que contrataron o para obstaculizar las funciones de las entrantes”.

Recordó que se han realizado trabajos legislativos para encontrar una solución a esta problemática, como lo fue la adición que se hizo en noviembre de 2010 de un segundo párrafo a la Facción XX del Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al establecer que los nombramientos de los trabajadores de confianza surtirán efectos sólo en la administración de quien los contrató, sin responsabilidad para el Ayuntamiento entrante de volverlos a contratar. Además, se estableció con dicha modificación que en el presupuesto del último año de ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de ley.

Asimismo, dijo que de igual manera, en febrero de 2015 se adicionó un tercer párrafo a dicha fracción, con el objeto de que cada Ayuntamiento clasificara los puestos de confianza y, en particular, se establecieran claramente las causales de terminación del nombramiento. Complementario a lo anterior, se reformaron las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil, con el objeto de regular y controlar los despidos en los Ayuntamientos, ordenando a la entidad que se debería notificar al trabajador la terminación de la relación laboral conforme lo establece la ley y, en su caso, fijar en el presupuesto de egresos las cantidades destinadas al pago de indemnizaciones.

El diputado señaló que tales obligaciones han resultado en la práctica letra muerta, ya que los servidores públicos responsables no las acatan, razón por la que consideran que dichas reformas resultaron insuficientes para que los servidores públicos responsables, tanto de la administración estatal como de las municipales, cumplan con la ley, incurriendo con su actuar en conductas contrarias al espíritu del ejercicio de su encargo.

Callejas Roldán puntualizó que actualmente el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Título XVII, tipifica una serie de delitos cometidos por funcionarios contra el Servicio Público y, en especial, el Capítulo II, prevé el delito de abuso de autoridad, en el que se establece que será sancionado aquel servidor público que ilegalmente ordene, ejecute un acto o inicie un procedimiento en beneficio propio, ajeno o en perjuicio de alguien.

“En el tema de los despidos injustificados, nos encontramos ante el supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública, poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones laborales” terminó diciendo el Coordinador de la bancada priista.

Pero también ya esta misma semana, algunos de los trabajadores del Poder Legislativo que están siendo despedidos, se han acercado a algunos de los miembros del Congreso, para que soliciten —por oficio— al presidente de la Junta de Coordinación Política que detalle el motivo, la razón o las bases legales en las que se justifican esos despidos.

Se tiene que “transparenta” cuál es la finalidad de esos despidos, de muchas mujeres que son madres de familia con hijos, para pretender hacer un ahorro.

Se tiene que aclarar si se van a congelar esas plazas o se van a sustituir con nuevo personal.

Se tiene que informar que se hará con ese “ahorro” en el presupuesto.

Se les va a finiquitar conforme a las leyes.

Se tendrán que enfrentar, más adelante, laudos con cantidades millonarias que dañarán severamente las finanzas del Congreso.

Esos y otros puntos más son los que se tienen que analizar y dar respuesta por parte de quienes ahora actúan como los carniceros laborales, pero que mañana pueden convertirse en las reses que serán sacrificadas y castigadas.

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