Ya no lo hacen ante la Contraloría, pues la dependencia pasó a ser un organismo autónomo descentralizado del Gobierno estatal, informó el secretario general de la LXIII Legislatura local, Francisco Portilla Bonilla.
Comunicado LEGISVER / Xalapa, Ver.—Se espera que alrededor de 2 mil 300 servidores públicos de toda la entidad adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) entreguen su Declaración Patrimonial ante el Congreso local, como lo marca la Ley. Esto, en razón de que la dependencia pasó a ser un organismo autónomo descentralizado del Gobierno estatal, informó el secretario general de la LXIII Legislatura local, Francisco Portilla Bonilla.
Durante una entrevista, el funcionario dijo que cuando la dependencia dejó de ser Procuraduría General de Justicia (PGJ) para convertirse en Fiscalía, su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, cumplió con esta obligación, que anteriormente se hacía ante la Contraloría General del Estado.
Explicó que desde que la Fiscalía inició funciones, el 1 de febrero, la Secretaría General del Congreso ha estado recibiendo la documentación de los funcionarios de la institución, que tiene presencia en toda la entidad.
Hay quienes han cumplido con esta obligación en tiempo y forma –continuó–, antes de concluir el plazo fijado, de 60 días, “pero otros esperan hasta el final para entregar la documentación, como este lunes y martes, cuando se registró gran afluencia de empleados de la Fiscalía, provenientes desde Pánuco hasta Las Choapas”.
Portilla Bonilla comentó que algunas personas optaron por enviar su declaración vía Internet, mientras que otras lo hicieron a través de algún compañero de trabajo. Antes, cada uno de ellos debió presentar una declaración final ante la Contraloría estatal, y en al Congreso se le hace llegar la inicial.
Aclaró que como excepción, quienes recibieron un nombramiento de la Fiscalía con fecha posterior al 1 de febrero, dispondrán de 60 días a partir de entonces, y advirtió que quienes no presenten su Declaración Patrimonial se harán acreedores a las sanciones que la Ley estipula.
En el interior del Palacio Legislativo se instalaron tres módulos en los que se ofrece orientación a los servidores públicos para el llenado de los formatos, y que la información proporcionada se mantiene en absoluta confidencialidad.