Nayib Bukele y El Salvador están siendo protagonistas de un auténtico milagro. Poniendo el foco en las frías estadísticas, sin entrar a valorar los métodos y políticas que han permitido esta transformación (no son pocos los que critican las controvertidas medidas adoptadas por Bukele), este país centroamericano ha pasado de ser uno de los más inseguros del mundo a convertirse en una auténtica balsa. La drástica caída de la tasa de homicidios y de la criminalidad resulta incuestionable. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Gobierno de Nayib Bukele tenía una cuenta pendiente: la economía.
Los principales indicadores económicos de El Salvador han mostrado un comportamiento mediocre durante su mandato. Esto podría estar a punto de cambiar y no precisamente gracias al bitcoin, ‘moneda’ de curso legal en el país. Justo ahora que se avecinan nuevas elecciones (Bukele ha dejado su cargo para preparar la campaña), la economía de El Salvador ha comenzado a mostrar ciertos signos que auguran un futuro prometedor. El desempleo, el crecimiento del PIB, la caída del déficit y la intensa llegada de turistas son los frutos de esta caída sin parangón de la criminalidad en un país que otrora fue de los más peligrosos del mundo.
Las calles de El Salvador son hoy mucho más seguras que hace unos años. Las tasas de crímenes y homicidios por cada 100.000 habitantes se han desplomado. La tasa de homicidios ha pasado de los 106 por cada 100.000 personas en 2015 a caer hasta los 18 por 100.000 habitantes en 2021 (antes de que comenzara el estado de excepción tan criticado).
Ese estado excepción aprobado en 2021 y prorrogado en sucesivas ocasiones ha permitido a la policía actuar sin ningún tipo de obstáculo para frenar la violencia. Esta decisión ha generado importantes críticas contra Bukele (ahora la policía puede hacer cualquier tipo de detención o intervención sin necesidad de una orden judicial, es más, apenas se necesitan pruebas para detener a un sospechoso).
No obstante, todo hace indicar que las fuertes medidas aplicadas tras el estado de excepción han contribuido a reducir a la mitad la tasa de asesinatos en el país. El Salvador solo tuvo ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2022, una tasa similar a la de EEUU. Lo más impresionante es que en lo que va de 2023 se habla de que la tasa ha caído hasta los 2,4 por cada 100.000 habitantes, según el titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas. Esta es una tasa equiparable a la de Canadá y cada vez más cercana a la de los países europeos. En las calles, los pequeño negocios ya perciben este cambio, que les anima a crecer y poner todos sus esfuerzos en la gestión eficiente de sus recursos, en lugar de en la seguridad.
En un reportaje publicado por The Economist, varios comerciantes admiten que la situación hoy es infinitamente mejor. Si algún miembro de una banda intenta extorsionarles, una llamada anómina a la policía basta para que esa persona vaya directamente a la cárcel. Antiguamente, una llamada solo servía para delatar al comerciante que había llamado a la policía. Muchas de estas personas que se atrevieron a denunciar terminaron asesinadas. Ahora, la mano dura de Bukele está acabando con este tipo de extorsiones que llegaron a representar el 3% del PIB, según un informe de la ONU.
«Llegar a este nivel de tasa por cada 100.000 habitantes, estamos hablando que El Salvador es un referente internacional ya en materia de seguridad… estamos diciendo que somos el país más seguro de toda América, porque así lo estamos considerando», aseguraba en declaraciones compartidas por la Presidencia. Antes de pasar al terreno económico, solo un dato más: desde que comenzó el estado de excepción se han detenido a 74.000 personas (en un país de 6,3 millones de habitantes). La criminalidad se ha hundido, pero obviamente ha tenido un coste. No son pocos los organismos y ONGs que hablan de una constante violación de los derechos humanos. La cuestión es si el beneficio (la caída de la criminalidad) supera el coste (el traspaso de ciertos derechos). La respuesta de la población es abrumadora: el 90% de los salvadoreños apoya a Bukele.
Aunque El Salvador se apresuró a adoptar fuertes medidas de contención contra el brote y el Gobierno implementó una sólida respuesta fiscal (que disparó la deuda pública) para limitar el impacto de la pandemia en los hogares y las empresas, la pandemia asestó un duro golpe al crecimiento, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó un -7,9% en 2020. En 2021, la economía de El Salvador creció un 11,2%, mientras que el crecimiento se moderó al 2,6% en 2022, según explican desde el Banco Mundial en una nota sobre El Salvador.
Sin embargo, los primeros brotes verdes empiezan a aparecer. El turismo está en pleno auge, la inversión empieza a llegar, la deuda pública está cayendo rápidamente y el desempleo está en cotas históricamente bajas. El Banco Mundial espera que el PIB avance 2,8% en 2023. A medio plazo, se prevé que el PIB se estabilice por encima de los promedios históricos, gracias al consumo privado, la inversión pública y el turismo, aseguran desde el Banco Mundial.
El presidente Bukele pide paciencia: acabar con la criminalidad no es sinónimo de crecimiento económico inmediato, pero sin duda es una buena base para atraer inversión extranjera, turismo y generar los incentivos adecuados para que los salvadoreños comiencen a emprender. Además, los masivos encarcelamientos han supuesto la destrucción de una economía sumergida (la economía de la extorsión) que mantenía a miles de familias. Bukele admite que esto es nocivo para la economía en el corto plazo, pero era necesario para generar los incentivos que conduzcan al crecimiento sostenible de medio y largo plazo.

