lópez Obrador señaló al Poder Judicial como el responsable de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, siga los procesos penales en su contra desde prisión domiciliaria.
“Va la Fiscalía a atender este asunto. Como lo expuso Elizabeth en el ‘Quién es quién de las mentiras’, esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial que dejan libres a todos: delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado”.
“Jueces, magistrados, ministros… Se acuerdan que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa”, dijo en referencia al ministro Luis María Aguilar.
El mandatario indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará esta decisión, aunque aclaró: “Si es que lo puede hacer”. Y aprovechó para reiterar que el Poder Judicial está “podrido”.
“Puede ser que haya excepciones de jueces, ministros, distintos, pero son la excepción no es la regla”, sostuvo.
El mandatario se refirió a la decisión de un juez que el martes permitió que Lozoya siga su proceso judicial en prisión domiciliaria, con lo que abandonó la cárcel donde estuvo recluido por poco más de dos años.
Lozoya, quien dirigió la petrolera del Estado de 2012 a 2016, bajo el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares a prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.
Al respecto, López Obrador dijo que la libertad de Lozoya tiene que ver con los jueces “con el Poder Judicial, que deja libres a todos”, entre ellos, presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
“Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de forma abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los seudoambientalistas, seudodefensores de los derechos humanos”, dijo.
Y auguró que probablemente la Fiscalía General de la República (FGR) apele “si es que lo puede hacer”.
“Pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial y, la verdad, el Poder Judicial está podrido”, remarcó.
Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, a cambio de sobornos.
Y el segundo caso es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Peña Nieto, acusado de usar el dinero para aprobar la cuestionada reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.
Este último es lo que lo mantenía en prisión.
Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil de la presidencia de Peña Nieto, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción de López Obrador.
La FGR ha pedido una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.