El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó su desacuerdo con el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que exige sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. El Centro Prodh criticó que nunca antes una cámara del Congreso mexicano había solicitado sanciones contra un miembro de un organismo de un tratado internacional de Derechos Humanos. A través de su cuenta en X, señalaron que, en lugar de desafiar el diagnóstico y cuestionar el sistema internacional de derechos humanos, el gobierno debería centrarse en abordar la grave crisis de desapariciones en el país.
Este pronunciamiento fue aprobado con 71 votos a favor de la mayoría oficialista, que incluye a los partidos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, expresó que recurrirán a las instancias más altas de la ONU para exigir sanciones contra el presidente del CED. Según Noroña, el informe final de la CED no contiene críticas ni reclamos hacia México, y cuestionó la falta de pruebas o denuncias para justificar las aseveraciones del funcionario de la ONU.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, el viernes pasado, reveló que había emitido medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano, destacando que las desapariciones forzadas en el país se han convertido en un fenómeno sistemático y generalizado. Además, activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional, lo que abre la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, coincidieron en que la activación del artículo 34 refleja un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y una creciente preocupación internacional. Corcuera explicó que, tras años de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité, ya no quedaba más opción que recurrir a la Asamblea General de la ONU. Dayán, por su parte, señaló que el gobierno mexicano no ha respondido de manera efectiva a la crisis de desapariciones forzadas, subrayando que incluso la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017 ha fracasado en su implementación.