El delito de despojo en el Estado de México ha registrado un aumento del 68.1% del primer bimestre de 2019 al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este incremento ha sido más evidente durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, con una concentración notable de casos en los municipios del Valle de México.
Este delito ocurre cuando una persona se apropia de un bien inmueble ajeno sin tener derecho legal sobre él. Según el Código Penal del Estado de México, el despojo se castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multas que van de 30 a 125 días de salario.
La problemática se ha intensificado por el abandono de miles de viviendas en el estado. Entre 2011 y 2021, se construyeron más de 247 mil casas —principalmente de interés social— por parte de desarrolladoras con permisos vigentes. Sin embargo, para 2022, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó que al menos 65 mil viviendas estaban deshabitadas, aunque la mayoría aún contaba con propietarios que seguían pagando sus créditos.
Este abandono ha sido aprovechado por grupos delictivos organizados que ingresan a estos inmuebles vacíos y, en algunos casos, los rentan de forma ilegal haciéndose pasar por dueños legítimos. Pese a las denuncias presentadas por los afectados, muchas de estas ocupaciones ilegales continúan sin consecuencias legales.
Un caso reciente que ha llamado la atención es el de “doña Carlota”, en el que el despojo habría sido el detonante de un acto de justicia por propia mano, según las líneas de investigación.
En el comparativo más reciente, de 2024 a 2025, se observa un incremento del 7% en las denuncias por este delito en el Estado de México. En los dos primeros meses de 2024 se registraron 804 casos (402 en enero y 402 en febrero), mientras que en 2025 la cifra subió a 861 (424 en enero y 437 en febrero).
A nivel nacional, el número de denuncias se mantuvo prácticamente estable en el mismo periodo, con 4,691 casos en 2024 y 4,669 en 2025. No obstante, el Estado de México se mantiene como la entidad con mayor incidencia en este delito.