Organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo han encontrado en el robo y contrabando de hidrocarburos una fuente multimillonaria de ingresos ilícitos, especialmente mediante el tráfico de petróleo crudo y combustible hacia Estados Unidos. Esta práctica, conocida como «huachicol fiscal», se ha convertido en una de sus principales actividades delictivas, por encima de otros delitos no relacionados con las drogas.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha señalado que esta red de contrabando, que involucra empresas mexicanas y estadounidenses, genera pérdidas millonarias para el gobierno mexicano y alimenta la corrupción y la violencia. Los cárteles extraen combustible de ductos, refinerías y mediante el robo de camiones cisterna, con el apoyo de trabajadores corruptos de Pemex. Posteriormente, el producto es introducido a EE.UU. a través de transportes terrestres, ferroviarios o navales, muchas veces disfrazado como aceite usado o material peligroso para eludir controles.
Según expertos y reportes oficiales, el negocio del huachicol ha crecido desde la década de 1990, y se disparó a partir de 2011. En 2018 se registraron más de 14,000 tomas clandestinas, comparadas con poco más de 1,300 en 2011. Además, informes señalan que en algunos grupos criminales esta actividad representa hasta el 90% de sus ingresos.
Uno de los operadores identificados por Estados Unidos es César Morfin Morfin, alias «El Primito», ligado al CJNG, quien lidera una red de contrabando en Tamaulipas con influencia sobre los cruces fronterizos con Texas. Su organización falsifica documentos oficiales para facilitar el paso del crudo robado.
En respuesta, el gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha implementado nuevas medidas para frenar el contrabando, como un sistema de trazabilidad que permitirá rastrear cada autotanque desde su punto de origen hasta el destino final. También se han intensificado los operativos en aduanas fronterizas, especialmente en Reynosa y Matamoros, zonas clave para esta red ilegal.
Entre 2019 y 2024, las autoridades localizaron más de 66,000 tomas clandestinas en estados como Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato. Sin embargo, la administración actual ha dejado de reportar oficialmente el impacto diario del huachicol, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia en esta materia.