El Partido del Trabajo (PT) acusó a las autoridades estatales de ejercer presiones indebidas sobre sus aspirantes en plena contienda electoral, al señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reactivado antiguos expedientes como mecanismo de coacción política.
Durante una rueda de prensa, el comisionado nacional del PT, Ramón Díaz Ávila, afirmó que Veracruz atraviesa un contexto de «terrorismo de Estado», donde candidatos de su partido enfrentan presiones legales y amenazas que los han llevado a buscar amparos judiciales para continuar en la contienda.
«Se están reabriendo casos archivados con el único fin de intimidar a quienes compiten por cargos locales. No hay un verdadero piso parejo», denunció el dirigente petista, al tiempo que cuestionó la supuesta autonomía de la Fiscalía estatal, a la que acusó de actuar bajo intereses políticos.
Díaz Ávila reveló que el PT ha solicitado protección para 44 de sus candidatos ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin embargo, solo uno ha recibido apoyo oficial. “Y aun así, ese candidato debe cubrir los gastos de hospedaje y alimentación de su equipo de seguridad. Otros han tenido que contratar escoltas privados”, lamentó.
Además, afirmó que muchos candidatos optan por no denunciar formalmente debido al temor a represalias. “Hay vigilancia, amenazas, intimidaciones constantes. No se sienten seguros, ni siquiera confiando en las corporaciones locales de seguridad”, señaló.
El dirigente del PT presentó casos específicos que reflejan el ambiente de tensión, Catemaco: Una escuela designada como sede de casillas fue objeto de actos vandálicos, incluso fue parcialmente incendiada. Lerdo de Tejada: La candidata petista fue citada por la Fiscalía a altas horas de la noche, lo que el partido consideró una forma de presión psicológica. Tuxpan: Oficinas de campaña fueron saqueadas, robándose equipo tecnológico, llaves de vehículos y saboteando los sistemas de sonido usados en la promoción electoral.
Ante este panorama, el partido ha recomendado a sus aspirantes no realizar actividades en solitario y ha solicitado la intervención de la Guardia Nacional durante la jornada electoral para garantizar condiciones mínimas de seguridad.