Alex Marín, conocido productor de contenido para adultos en México, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por hasta dos años. Esto ocurre tras ser acusado de delitos graves como explotación sexual de una menor y trata de personas. El arresto se produjo en Puerto Vallarta, donde, según las autoridades de Jalisco, Marín habría mantenido una relación con una adolescente de 16 años, a quien presuntamente manipuló para participar en actos sexuales, grabaciones y encuentros con terceros a cambio de dinero.
El caso ha generado una fuerte polarización social. Diversos colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos celebraron la medida judicial, viéndola como un paso hacia la justicia en casos de abuso sexual y explotación de menores. En contraste, seguidores de Marín y algunas voces en redes sociales han cuestionado la legalidad y legitimidad del proceso, alegando que se trata de un ataque motivado por prejuicios hacia su trabajo en la industria del cine para adultos.
La decisión de imponerle prisión preventiva por un lapso tan extenso ha desatado críticas. Para algunos, es insuficiente dado el tipo de delitos que se investigan. Para otros, resulta excesivo sin que exista aún una sentencia. Además, el caso ha sido intensamente cubierto por los medios, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible juicio mediático antes de que se dicte resolución judicial.
No se puede ignorar que, en México, muchas veces el sistema judicial falla en respetar la presunción de inocencia o en actuar con celeridad. Si bien los cargos son graves y deben investigarse con todo el rigor legal, también es necesario asegurar que el proceso se lleve a cabo sin sesgos ni influencias mediáticas.