Ginebra.— El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención y condena a 25 años de prisión de cinco activistas indígenas en Chiapas, México, constituyen una violación del derecho internacional, por lo que instó al gobierno mexicano a liberarlos de forma inmediata y otorgarles una reparación integral.
En una resolución adoptada el pasado 4 de abril y publicada recientemente, el organismo determinó que el arresto de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco, todos del pueblo maya tseltal, contraviene principios fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los cinco activistas fueron detenidos entre mayo y junio de 2022 por su presunta participación en la muerte de un hombre retenido por pobladores del municipio de San Juan Cancuc, quien falleció tras ser golpeado al no poder pagar una “multa” comunitaria. En 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, sentencia que fue ratificada en abril de 2024 tras un nuevo juicio.
El grupo de expertos de la ONU, presidido por la exjueza ucraniana Ganna Yudkivska, detectó serias irregularidades en el proceso, como la falta de presentación inmediata ante un juez y desapariciones forzadas breves durante las primeras horas de detención. Además, destacó el perfil de los acusados como defensores del territorio y derechos humanos, particularmente en contra de proyectos de infraestructura y la presencia militar en la región.
La ONU también urgió a las autoridades mexicanas a investigar las circunstancias de la detención, identificar a los responsables de las violaciones y asegurar medidas de reparación para los afectados, incluyendo indemnizaciones.