Ciudad de México. — La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles que ha apelado la resolución de una jueza federal que en 2014 rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en la adquisición ilegal del software de espionaje Pegasus, utilizado para intervenir comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas.
El organismo también informó que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza Alejandra Domínguez Santos, a quien acusa de posibles delitos en contra de la administración de justicia por su actuación en el caso.
Según un comunicado oficial, la FGR sostiene que Gómez habría autorizado la compra de Pegasus por 460 millones de pesos, sin justificación legal ni criterios de urgencia, confidencialidad o riesgo que validaran dicha adquisición. La Fiscalía imputa a la exfuncionaria los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, al considerar que actuó en complicidad con otros servidores públicos para desviar recursos públicos en beneficio de un proveedor.
La investigación judicial reveló que el caso se mantuvo retenido de forma ilegal por más de dos años, y que al final, la jueza Domínguez Santos decidió no vincular a proceso a la imputada, pese a las pruebas presentadas. Esta decisión motivó el recurso de apelación por parte de la Fiscalía, que ahora también examinará la conducta de la jueza.
El caso Pegasus ha generado amplia preocupación a nivel nacional e internacional desde que, en julio de 2021, una investigación periodística reveló que al menos 50,000 números telefónicos fueron espiados con este software en diversos países, siendo México el país con más víctimas, con más de 15,000 casos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
Entre los espiados, se encontraban activistas, periodistas, políticos de oposición —incluido el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores—, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
La FGR insiste en que la falta de acción judicial en este caso ha generado un grave daño al patrimonio público y a la confianza en las instituciones, por lo que asegura que llevará el proceso hasta las últimas consecuencias legales.