El Congreso de México ha aprobado un paquete de reformas que transforma de forma significativa la estructura y operación de la Guardia Nacional. De acuerdo con el especialista en seguridad nacional Emilio Vizarretea, uno de los cambios más relevantes es la adscripción total de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que implica una clara integración al ámbito castrense.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública conserva la estrategia general en materia de seguridad, la operación táctica queda ahora en manos directas de las Fuerzas Armadas. Este nuevo esquema ha reavivado el debate sobre la necesidad de crear un cuerpo civil similar a la extinta Policía Federal, compuesto por unos 30 mil elementos enfocados en tareas de investigación, patrullaje y acción directa.
Otra de las modificaciones más controvertidas es la flexibilización de las normas para que los militares participen en política. Vizarretea señaló que se elimina el requisito de separarse de sus funciones al menos 90 días antes de una elección, permitiendo que puedan postularse para cargos de elección popular —como presidencias municipales, diputaciones o gubernaturas— hasta un día antes de los comicios. Esto ha encendido las alertas respecto al posible impacto de esta medida en los procesos democráticos.
En relación con el concepto de militarización, Vizarretea aclara que, aunque existe una percepción generalizada de que el control de la seguridad pública está completamente en manos castrenses, aún persisten elementos civiles en el sistema. Ejemplo de ello es la figura del secretario Harfuch, quien conserva atribuciones operativas que atenúan, en parte, la militarización total.
No obstante, el analista advierte sobre la persistente dependencia de las Fuerzas Armadas respecto al mando supremo de la presidenta, lo que mantiene una cadena de mando vertical desde la Sedena en áreas como inteligencia y seguridad operativa.
Además, prácticas como las operaciones encubiertas, la intervención de comunicaciones y el uso de identidades falsas en investigaciones continúan vigentes. La Guardia Nacional ha ampliado sus atribuciones para incluir funciones de investigación y análisis de información, tareas que ya se encuentran reguladas bajo marcos legales vinculados a las Fuerzas Armadas.
Para Vizarretea, estas reformas representan una transformación de fondo en el modelo de seguridad nacional, marcando una mayor presencia militar en esferas anteriormente reservadas a instituciones civiles. Este giro, concluye, plantea retos importantes en términos de gobernabilidad democrática y respeto a los derechos ciudadanos.