Ciudad de México.– Con la reciente reforma a la Ley del Registro Nacional de Población, las dependencias federales, estatales y municipales que no integren los datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) enfrentarán sanciones económicas que van de 10,000 a 20,000 UMA, equivalentes a entre 1.1 y 2.2 millones de pesos.
La normativa otorga un plazo de 90 días a partir de su entrada en vigor para que las instituciones adecuen sus procesos de consulta, validación y transferencia de información. También se contemplan multas por el uso indebido de la Plataforma Única de Identidad, el sistema que almacenará la información biométrica de los ciudadanos.
El programa piloto arrancó en los municipios veracruzanos de Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica. Para tramitar la CURP Biométrica, los interesados deben presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP tradicional, comprobante de domicilio y correo electrónico.
La nueva CURP incluirá fotografía, huellas dactilares, firma digital y escaneo del iris, con el objetivo de reforzar los mecanismos de identificación y prevenir fraudes.
Actualmente, el trámite es gratuito en las localidades piloto y se mantendrá sin costo cuando se extienda a nivel nacional. No obstante, la iniciativa ha generado discusión en torno a la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos.