En el norte de Veracruz, el asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz se convirtió en un símbolo desgarrador de violencia, impunidad y revanchismo criminal. Fue secuestrada el 18 de julio en Álamo Temapache por negarse a pagar «derecho de piso», y encontrada sin vida seis días después en un rancho en la zona limítrofe entre Cerro Azul y Temapache.
Durante su cautiverio, un video viral la muestra arrodillada, esposada y rodeada de encapuchados armados. Obligada a grabar un mensaje para el gremio de taxistas, advirtió: “Quien no pague va a terminar como yo”. Fue evidencia clara de que el crimen organizado ha impuesto su ley mientras el Estado parece legislar en cámara lenta.
El infarto que equivale a un homicidio
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, calificó el caso como un “infarto provocado por la violencia ejercida durante el secuestro”. Contrario a lo que suena como una revelación médica, esta versión ha sido ampliamente criticada como una forma de minimizar la brutalidad sufrida.
En contraste, la presidenta nacional Claudia Sheinbaum reconoció el caso como un homicidio, sin importar si la causa final fue directa o derivada del estrés traumático. Respaldó la actuación de la Fiscalía estatal y respaldó los arrestos —ya suman cuatro detenciones relacionadas con el caso— destacando que “no habrá impunidad”.
¿El Estado rebasado o rendido?
El opositor Ricardo Anaya y otros dirigentes han denunciado la existencia de pactos entre autoridades e intereses criminales: “En Veracruz manda el crimen, no la ley”, afirmó el exsenador del PAN. Irma Hernández era una maestra de 62 años, ahora víctima de un crimen que evidencia desesperación laboral y colapso institucional.
El caso, además, encendió múltiples protestas del gremio taxista, exigiendo seguridad y fin al «cobro de piso» en todo el estado.
La verdad secuestrada
La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué no llamar feminicidio a este crimen? ¿Por qué el lenguaje médico—“infarto”—parece más cómodo que usar el término “asesinato”? ¿Por qué el relato oficial oscurece su significación política?
El periódico El País, en su editorial, lo llamó “un símbolo del fracaso institucional”, cuestionando si el Estado realmente está dispuesto a contar la historia completa o solo la narrativa conveniente: una muerte natural tras un trauma. No señalar violencia explícita que obligue a asumir responsabilidad inmediata.
Conclusión
Irma Hernández no murió de un «infarto». Ese infarto fue inducido por terror, agresión y humillación. Fue asesinada de mil formas distintas salvo una: que el Estado reconozca la violencia criminal como violencia institucional.
La gobernadora debe saber —y aceptar— que esto fue un homicidio. La violencia no se reduce si se encubre tras tecnicismos médicos. El crimen organizado manda en Veracruz y sólo la claridad, justicia y acción estructural pueden romper ese pacto silencioso entre poder y terror.