Ciudad de México.— La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la baja participación registrada en la marcha convocada por la llamada Generación Z ayer 20 de noviembre se debió, en parte, a que su gobierno detectó que grupos de oposición estaban presuntamente involucrados en su organización.
La movilización, que buscaba coincidir con el desfile cívico-militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, generó expectativa por la posibilidad de afectar su desarrollo. Sin embargo, ante la escasa convocatoria, el desfile se realizó sin incidentes mayores y conforme a lo programado.
Durante su conferencia matutina del viernes 21 de noviembre, realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la ciudadanía evaluó quiénes estaban detrás de la convocatoria.
“Lo que pasó ayer, muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando quién convoca a las manifestaciones. Pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades”, declaró.
Caso del joven activista
La presidenta también abordó el caso de un joven activista que denunció ser víctima de persecución política. El joven sostenía ser apartidista, pero posteriormente se reveló que participó en la campaña de Xóchitl Gálvez y que mantenía un contrato de servicios con el PAN, hecho confirmado por la dirigencia del partido.
El activista acusó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y otros integrantes de Morena difundieron sus datos personales en redes sociales, lo que —aseguró— ponía en riesgo su seguridad y lo orillaba a dejar el país.
Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier tipo de persecución:
“México nunca va a perseguir a nadie. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad”.
La mandataria reiteró que en México existe libertad de expresión y de manifestación, subrayando que su gobierno respeta la pluralidad de ideas.
Señalamientos por uso de la fuerza
Pese a las afirmaciones de la presidenta, en redes sociales circularon numerosos videos del operativo policial del 15 de noviembre, en el que se apreciaban uso excesivo de fuerza y confrontaciones entre elementos de seguridad y manifestantes.
El Gobierno de la Ciudad de México condenó la violencia, pero atribuyó los hechos únicamente a algunos participantes de la marcha. No obstante, la Fiscalía capitalina abrió carpetas de investigación para determinar si hubo abusos de autoridad por parte de agentes policiacos.
La administración federal insistió en que el país mantiene garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y que continuará investigando los incidentes registrados en las recientes movilizaciones.