Coahuayana, Michoacán- La reciente detonación de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán —atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— volvió a encender la discusión nacional sobre si hechos de esta naturaleza deben clasificarse como actos de “narcoterrorismo”, un término que las autoridades federales han evitado utilizar abiertamente.
El ataque ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum celebraba el avance de la Cuarta Transformación. Inicialmente, la Fiscalía General de la República (FGR) calificó el hecho como “terrorismo”; sin embargo, horas más tarde reclasificó el expediente como un delito de “delincuencia organizada”.
Una ruta planeada y vehículos de apoyo
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el automóvil cargado con explosivos —aparentemente ocultos entre cajas de plátano— fue acompañado por al menos dos vehículos adicionales y tres motocicletas, cuyos ocupantes guiaron y apoyaron a los dos tripulantes del coche bomba hasta llegar a las inmediaciones de la comandancia de la policía comunitaria.
El estallido dejó cinco personas muertas y más de diez heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos registrados en el municipio.
Antecedentes en la memoria colectiva
Especialistas recuerdan que México ha vivido eventos similares con alto impacto en la población civil, entre ellos:
- Morelia, 15 de septiembre de 2008: dos granadas explotaron durante la celebración del Grito de Independencia, dejando ocho fallecidos y 132 lesionados.
- Casino Royale, Monterrey, 25 de agosto de 2011: un incendio provocado dentro del establecimiento causó 52 muertos y 11 heridos.
Estos hechos marcaron un precedente en el uso de violencia extrema contra civiles, en acciones atribuidas a grupos como La Familia Michoacana y Los Zetas.
Dos décadas de coches bomba en México
Un recuento realizado por el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés (UAdeC) documenta 20 atentados con coches bomba desde 1994. Sus hallazgos incluyen:
- Los Zetas y el CJNG son los grupos que más han recurrido a esta táctica.
- Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato concentran la mayoría de los ataques.
- El primero ocurrió en 1994 en Guadalajara, con cinco víctimas mortales.
- Durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron 13 atentados, la mayoría en Tamaulipas.
- Entre 2021 y 2024, con la estrategia federal de “abrazos, no balazos”, estos ataques resurgieron, especialmente en Guanajuato, Michoacán y Tula.
En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum ya se contabilizan dos coches bomba, ambos en Coahuayana.
¿Narcoterrorismo? El debate que persiste
El analista de seguridad David Saucedo señaló que en México persiste una renuencia gubernamental para reconocer estos ataques como “narcoterrorismo”, debido a implicaciones diplomáticas, económicas y políticas.
Según Saucedo, aceptar esa denominación podría:
- alimentar narrativas de gobiernos extranjeros,
- afectar la imagen del país ante inversionistas y turistas,
- y deteriorar la percepción pública sobre la administración federal.
El especialista sostiene que lo ocurrido en Coahuayana coincide plenamente con la definición de narcoterrorismo adoptada en Sudamérica, donde grupos armados atacan población civil para presionar decisiones gubernamentales.
Fallas en el Plan Michoacán
El estallido también expuso deficiencias en el llamado Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Aunque Coahuayana figura como una zona prioritaria, Saucedo señala que “en la práctica no hubo presencia real”:
- sin despliegues significativos,
- sin detenciones de cabecillas,
- sin operativos de decomiso,
- ni trabajos de inteligencia o depuración policial.
Según el experto, los grupos criminales perciben esta ausencia como “un vacío de autoridad”.
Disputa territorial y desplazamiento forzado
El CJNG busca desde hace cinco años arrebatar la franja costera de Michoacán a los Cárteles Unidos, región clave por su proximidad a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Para Saucedo, la explosión pudo tener como objetivo acelerar el desplazamiento de familias de comunidades en riesgo, fenómeno que ya se observa en diversas zonas del estado.
Una paz temporal y frágil
El especialista advierte que la respuesta gubernamental podría generar solo una calma momentánea:
“Es una paz artificial. Cuando se reduzca el despliegue, la confrontación continuará”.