Ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos inicie procesos legales contra funcionarios mexicanos señalados por presunta corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura contundente durante su conferencia de prensa este lunes: cualquier señalamiento debe estar respaldado por evidencias sólidas y revisadas por la justicia mexicana.
“Lo que tiene que haber son pruebas y evidencias claras”, aseveró la mandataria federal, subrayando que toda investigación proveniente del extranjero sobre ciudadanos mexicanos debe pasar por el tamiz de la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar su legalidad y respeto a la soberanía.
Sheinbaum Pardo fue enfática al declarar que su gobierno no actuará como escudo de servidores públicos que hayan cometido delitos, pero tampoco permitirá juicios sin sustento. En este sentido, recordó el polémico caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en territorio estadounidense y posteriormente devuelto a México luego de que las autoridades del país vecino no lograran acreditar las pruebas enviadas.
La mandataria también lanzó un mensaje hacia la autocrítica que debe existir en el sistema judicial estadounidense. Señaló que la corrupción no es un fenómeno unilateral y que las autoridades de aquel país también deben revisar sus propios casos, sugiriendo que las irregularidades pueden registrarse en ambos lados de la frontera.
Con esta declaración, el Gobierno de México reafirma que la cooperación en materia de justicia y seguridad continuará, pero siempre bajo un marco de igualdad y con el requisito indispensable de la veracidad jurídica por encima de los señalamientos mediáticos o políticos.