El director de la Administración para el Control de Drogas, Terrance Cole, advirtió que la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría marcar el inicio de nuevas acciones legales dirigidas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el titular de la DEA afirmó que, durante años, grupos del narcotráfico habrían operado con apoyo o complicidad de altos funcionarios en México, asegurando que las autoridades estadounidenses continuarán investigando y persiguiendo a quienes resulten responsables.
De manera paralela, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió al gobierno mexicano reforzar las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de drogas, especialmente en temas relacionados con el combate al fentanilo y a los grupos criminales que operan en territorio mexicano.
Según sus declaraciones, si México no incrementa los resultados en materia de seguridad y combate al crimen organizado, Estados Unidos podría considerar medidas de intervención más directas, incluyendo posibles operativos especiales.
Ambos funcionarios señalaron que existe actualmente una cooperación más amplia entre las autoridades de México y Estados Unidos; sin embargo, aseguraron que el presidente Donald Trump exige resultados “más contundentes” frente a la crisis del narcotráfico y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado públicamente cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en territorio nacional, argumentando que una medida de ese tipo representaría una violación a la soberanía del país.
Las declaraciones de funcionarios estadounidenses han generado tensión política y debate tanto en México como en Estados Unidos, particularmente por la posibilidad de que Washington adopte medidas más agresivas en su estrategia de seguridad regional.