Tenancingo, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, es investigada por su presunta participación en la simulación de un secuestro que, según las autoridades, habría tenido como finalidad justificar un posible desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal.
De acuerdo con las investigaciones, la alcaldesa habría planeado el supuesto autosecuestro junto con su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”. La hipótesis de la Fiscalía señala que desde febrero de este año los involucrados diseñaron un esquema para fingir una privación ilegal de la libertad y posteriormente exigir un rescate por 40 millones de pesos, cantidad que coincidiría con un presunto faltante detectado en las finanzas municipales.
La dependencia estatal indicó que los análisis de videovigilancia y diversos testimonios contradicen la versión inicial de un secuestro violento. Según la investigación, las imágenes revisadas muestran que la edil abordó otro vehículo sin que se observaran actos de violencia, resistencia o sometimiento.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que durante el trayecto la propia funcionaria habría sugerido rutas para evitar cámaras de vigilancia. Posteriormente, al percatarse de la movilización policiaca generada por el reporte de su desaparición, presuntamente manifestó que la situación se había salido de control y pidió ser dejada en una zona rural para posteriormente solicitar ayuda y sostener la versión de un escape de sus supuestos captores.
Como parte de las investigaciones fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, mientras que José Roberto “N” y Óscar “N” continúan prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
La presidenta municipal deberá comparecer el próximo 9 de julio en una audiencia de formulación de imputación por el presunto delito de simulación de secuestro.
Además, la FGJEM dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que investiguen el posible daño patrimonial al Ayuntamiento por un monto de 40 millones de pesos.
Las autoridades subrayaron que las investigaciones continúan y que será la instancia judicial correspondiente la que determine las responsabilidades legales de los involucrados.