En Veracruz hay instituciones que nacen con buenas intenciones y terminan convertidas en motivo de sospecha. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) es una de ellas.
En las benditas redes sociales se ha desatado en los últimos días un intenso debate. Hay quienes sostienen que la Comisión debe desaparecer porque ha perdido razón de ser. Otros consideran que basta con remover a la actual directiva y darle una nueva orientación. Ambas posturas tienen argumentos válidos. Ambas tienen razones que no pueden descalificarse a la ligera.
Pero quizá el problema de fondo no sea si la CEAPP debe morir o simplemente cambiar de rostro. La verdadera discusión es si alguna vez cumplió el propósito para el cual fue creada.
La CEAPP nació durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, precisamente en una de las etapas más oscuras para el periodismo veracruzano. El estado se convirtió entonces en un referente internacional de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas. Veracruz aparecía en los informes de organismos nacionales e internacionales no por sus bellezas naturales, sino por la peligrosidad de ejercer la libertad de expresión.
En ese contexto surgió la Comisión como una respuesta institucional. La idea parecía impecable: crear un organismo especializado que protegiera a los comunicadores y garantizara mecanismos de atención y prevención.
La realidad fue otra.
Desde su creación, los periodistas auténticos —los que todos los días salen a la calle, investigan, cuestionan al poder y enfrentan riesgos reales— nunca fueron verdaderamente consultados. Nunca se les preguntó qué institución necesitaban, cómo debía integrarse ni cuáles debían ser sus facultades. Mucho menos se les permitió decidir quiénes debían representarlos.
La CEAPP nació desde el poder y para el poder.
Su integración siempre respondió más a acuerdos políticos que a procesos de representación gremial. Los nombramientos han dependido de la voluntad del gobernador o gobernadora en turno, de las negociaciones legislativas y de las cuotas de grupos e intereses particulares.
En pocas palabras, los periodistas han sido los convidados de piedra en una institución creada supuestamente para ellos.
Por eso hoy resulta hasta irónico escuchar que son los periodistas quienes deben decidir el futuro de la Comisión.
¿Cuándo los han dejado decidir?
¿Cuándo se convocó al gremio de manera abierta y democrática?
¿Cuándo se preguntó a los reporteros de las regiones, a los corresponsales de municipios alejados o a quienes trabajan sin seguridad laboral qué tipo de organismo requerían?
La respuesta es sencilla: nunca.
Eso explica el desencanto que hoy rodea a la institución.
Porque una cosa es la existencia de un mecanismo de protección y otra muy distinta es la percepción de que dicho mecanismo se encuentra distante de la realidad cotidiana del periodismo veracruzano.
La discusión tampoco debe caer en la demagogia de destruir por destruir.
Veracruz sigue siendo un estado donde el ejercicio periodístico enfrenta riesgos. Las amenazas existen. La precariedad laboral es evidente. Las agresiones no han desaparecido. Pensar que el problema se resolverá eliminando una institución constituye una simplificación peligrosa.
Pero también sería un error monumental fingir que basta con cambiar algunos nombres en la directiva para que todo funcione de manera distinta.
Las instituciones no se regeneran por decreto.
Se transforman cuando cambian su origen de legitimidad, sus mecanismos de representación y su relación con los ciudadanos a quienes deben servir.
La CEAPP necesita una revisión profunda y sin simulaciones. Debe preguntarse si su estructura responde a las necesidades actuales del gremio; si sus recursos se utilizan con eficacia; si sus mecanismos de protección funcionan y, sobre todo, si quienes la integran tienen la legitimidad y la credibilidad necesarias para representar al periodismo veracruzano.
Porque una institución creada para defender la libertad de expresión no puede convertirse en una oficina burocrática que administra expedientes, reparte apoyos y se mantiene al margen de las decisiones fundamentales que afectan al gremio.
La protección de los periodistas no es una concesión graciosa del poder. Es una obligación democrática del Estado.
Y quizá allí se encuentra la gran paradoja de la CEAPP: durante más de una década se ha hablado mucho en nombre de los periodistas, pero muy pocas veces se les ha permitido hablar y decidir sobre la institución que supuestamente fue creada para protegerlos.
En Veracruz, la CEAPP ha terminado pareciéndose demasiado a aquello que debía combatir: un organismo donde el poder decide por los periodistas y los periodistas solamente se enteran de las decisiones cuando ya están tomadas.