Veracruz.- Han transcurrido más de 130 días desde el incendio registrado en el pozo Krem-1, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), y el fuego continúa sin ser sofocado, situación que mantiene la preocupación entre habitantes de las comunidades cercanas debido a las afectaciones en la salud, el medio ambiente y sus actividades productivas.
La Alianza Mexicana contra el Fracking emitió un comunicado en el que advirtió que la emergencia sigue sin resolverse y aseguró que las autoridades no han atendido de manera suficiente las consecuencias que enfrentan los pobladores.
De acuerdo con la organización, habitantes de comunidades como Ignacio López Rayón y Constitución Mexicana reportan problemas respiratorios persistentes, además de dificultades para acceder a servicios médicos, ya que el hospital más cercano se encuentra a más de una hora de distancia y existe desabasto de medicamentos básicos.
Entre los testimonios recabados destaca el de María Alegría Palma, de 63 años, quien aseguró que desde el incendio presenta síntomas respiratorios constantes, pese a que anteriormente rara vez enfermaba.
La organización también documentó afectaciones a la actividad ganadera y agrícola. Según el reporte, al menos 27 cabezas de ganado han muerto en parcelas cercanas al pozo, mientras que productores aseguran que árboles frutales, cultivos y pastizales presentan daños severos.
En la comunidad de Ignacio López Rayón, Reina Torres Sánchez afirmó que perdió alrededor de 60 pollos y que también ha observado la muerte de aves silvestres desde que ocurrió el siniestro.
La Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionó además la información presentada por Pemex sobre la calidad del aire, al señalar que no se han dado a conocer datos suficientes sobre las mediciones realizadas por el Instituto Mexicano del Petróleo, lo que impide evaluar con precisión los riesgos para la población.
Asimismo, recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del pozo contemplaba como escenario de mayor riesgo el descontrol del pozo, situación que, a su juicio, actualmente se mantiene. La organización sostiene que las afectaciones registradas en las comunidades contradicen la conclusión del estudio, que calificaba el riesgo para la población y el medio ambiente como tolerable.
Mientras el incendio continúa activo, habitantes de la zona y organizaciones civiles mantienen el llamado a las autoridades para atender la emergencia y establecer medidas que reduzcan los impactos en la salud, el medio ambiente y la economía de las familias afectadas.