GERMÁN MÉNDEZ RODRÍGUEZ, CATEMACO, VER.-Con palos y machetes, habitantes de la comunidad Ojoxapan, perteneciente al municipio de Catemaco, evitaron que un actuario del Tribunal Agrario Unitario No. 40 de San Andrés Tuxtla, acompañado de una centena de elementos de las fuerzas del orden, los desalojaran de las que dicen son sus tierras desde 1940, tras una resolución presidencial.
Fue alrededor de las 11:00 horas de ayer, cuando un centenar del personal de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de 15 patrullas, arribaron a la comunidad, en donde esperaron el arribo del actuario de Tribunal, quien notificaría a los ejidatarios sobre el desalojo que se efectuaría en esos momentos.
Sin embargo al arribar al lugar ya los esperaban alrededor de 150 habitantes de diferentes comunidades, quienes uniéndose y solidarizándose con sus vecinos, bloquearon nuevamente la carretera e impedir que las fuerzas del orden avanzaran, contando de igual forma con otro centenar de habitantes con piedras y palos a la entrada de los terrenos en disputa.
Fueron varias horas que la tensión y fricciones entre ambas partes, indicaban que se presentaría un enfrentamiento, pero hubo cordura por parte de los habitantes, quienes esperaron a que su representante llegara a un arreglo con las autoridades.
En tanto, la licenciada María del Carmen Fortín Valdivia, abogada de Fernando Medina Quintana, quien se dice dueño legítimo de la parcelas, era cuestionada ante su actuar en este caso, gritándole la gente que ella era la responsable del conflicto.
La abogada al ver que no actuaban las autoridades para efectuar el desalojo, empezó a amenazar con denunciar a los representantes del Tribunal Agrario No. 40, por no querer hacer su trabajo, enardeciendo aún más a los quejosos, así lo manifestó un ejidatario
Al final, el licenciado Marcelino Chaverrias Lemus, representante de los ejidatarios manifestó que llegaron a un arreglo con los abogados y el propietario, para que se trasladen a Xalapa este lunes (ayer), donde se reunirían autoridades estatales y federales, para darle una solución amigable y que el gobierno federal le pague al propietario, porque ellos son los que originaron este conflicto.
“El problema legal está resuelto, pero el problema social no, y es lo más delicado. El gobierno federal tiene la obligación que en el campo haya paz social, si bien es cierto que el campo esta descapitalizado, pues cuando menos no haya violencia. El campesino solo quiere que se le dé certidumbre jurídica de las tierras que les entregó la Secretaría de la Reforma Agraria y el propietario lo que busca es que se le pague, porque las tierras son de él…
“El problema no lo hizo el campesino, lo originó el Gobierno Federal, a través de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, al entregar unas tierras que no formaron parte del radio de afectación para este poblado de acuerdo a su resolución presidencial que tiene”.
Marcelino Chaverrias finalizó diciendo; “El propietario de las tierras es Fernando Medina Quintana, pero los campesinos las tienen porque se las entregó el Gobierno Federal, no porque las invadieron, a nadie le quitaron nada de forma violenta y el Gobierno Federal tendrá que pagar y solucionar el conflicto”.
