Animalia por Mary García Elías

El Zoológico Privado de los Batalla

No sólo en el Sur de la Entidad se da el nepotismo político, también en el Norte han salido a la luz pública una serie de fechorías encabezadas por miembros de la familia

Batalla que ostentan cargos públicos en Álamo y usan este poder para su beneficio.

Abusos que son del dominio de todos y que han aparecido en la PRENSA; recordemos que como diputada local panista (en la pasada legislatura) Blanca Batalla tuvo un desempeño

gris, luego como Alcaldesa priista ha estado en el escándalo más de una vez; enfrenta acusaciones de nepotismo que ha ignorado como el hecho de que Carolina Ruiz Morales, esposa

de Enrique Gómez Batalla y por tanto nuera de la Munícipe ocupara el cargo de subdirectora de Fomento Agropecuario, así como José María Hernández Meza, quien es sobrino de

Blanca Batalla, adscrito a servicios administrativos de la Dirección de Fomento Agropecuario, mantiene en nómina a personas que no acuden a laborar.

De ahí que en abril de 2008, regidores hasta de su mismo partido, no sólo se manifestaron en el Congreso del Estado para señalar los desvíos de recursos y la inflada nómina de

familiares, sino que aseguran que en el Municipio ya no había gobernabilidad ni progreso pues quienes gobernaban en realidad eran los hijos de la Munícipe.

En Enero de 2009, nuevamente inmersa en el escándalo, fue denunciada por no solventar las observaciones administrativas y financieras que le hizo el ORFIS, para transparentar

los recursos ejercidos durante los primeros 4 meses de su administración, donde se mencionó un faltante de 9 millones de pesos.

Por su parte, los hijos de esta Alcaldesa, Juan Alberto y Enrique son dueños de caballos pura sangre con los que organizan carreras clandestinas que se han tornado violentas. El

primero de ellos fue Síndico en la pasada comuna de aquel Municipio donde incurrió en irregularidades y omisiones que generaron daño patrimonial.

Por si fuera poco lo anterior, recientemente se descubrió un zoológico particular en el ejido El Limoncito, propiedad de Alberto Gómez Batalla, hijo de la Alcaldesa de Álamo,

Blanca Armida Batalla Hervert, cuyas especies  sobrevivientes fueron decomisadas y permanecen en resguardo en el zoológico  “Miguel Ángel de Quevedo” en el Puerto de Veracruz.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asignó un valor en pesos a cada especie encontrada en el rancho de esta familia: Un Jaguar hembra de 6 meses de edad;

40 mil pesos, dos llamas peruanas; 20 mil pesos cada una, un pecari de labios blancos; 20 mil pesos, un hipopótamo joven; 500 mil pesos: Tener un júnior como hijo no tiene

precio. Definitivamente hay cosas que el dinero no puede comprar.

Lo lamentable es que esta cloaca se destapó con la muerte del hipopótamo a manos del propio Juan Alberto Gómez Batalla, quien había escapado luego de que unos ladrones

pretendieran robar en esa propiedad dejando la reja abierta por donde se sospecha escapó el animal que se introdujo al río Pantepec y donde ante el “temor” de que el mamífero

pudiera hacer daño, fue asesinado de 17 balazos tal como lo muestra un video en la página electrónica Youtube donde se aprecia al hijo de la Alcaldesa, por cierto Director del

DIF Municipal, y a elementos de la Policía Municipal a pesar de que Profepa les había advertido que no intentaran capturarlo hasta que llegaran los expertos. Advertencia que su

ignorancia la pasó por alto.

Y es que cuando las personas se enriquecen de la noche a la mañana, muchas veces no saben cómo manejar esa nueva vida y comienzan a ver en qué despilfarran el dinero que no les

ha costado ganarse, algunos como esta familia imitan a los grandes mafiosos coleccionando animales exóticos, que lejos de mantenerlos en cautiverio con fines ecologistas,

educativos o para conservar la especie, los tienen de adorno o trofeo como parte de su ego.
El Código Penal Federal en su Artículo 420 dice que los animales exóticos deben registrarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por tanto no

hacerlo constituye un delito federal que se castiga hasta con nueve años de cárcel (como al parecer sucedió aquí) pero además está la muerte de un animal en peligro de

extinción, así que esperemos que no aparezcan permisos falsos ni compadrazgos, ¡se debe hacer justicia! y no temblarles la mano a Profepa, Semarnat ni a las autoridades

estatales competentes por tratarse de una familia cacique que ostenta el poder, la justicia es para todos, en especial para quienes no tienen voz y no pueden defenderse de la

maldad y perversidad de algunas personas. Juan Alberto Gómez Batalla debe pagar por el delito que cometió.

Comentarios: gaem80@gmail.com