Poza Rica, Ver. – La confianza ciudadana en las corporaciones policiacas municipales de Poza Rica y Papantla se ha visto severamente afectada por múltiples denuncias de corrupción, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos. La situación ha generado una ola de indignación entre la población, que acusa a los cuerpos de seguridad de operar como instrumentos de represión, en lugar de proteger a la comunidad.
Distintos colectivos como la Resistencia Civil de las Huastecas, Resistencia Veracruzana y Resistencia Civil de Poza Rica han denunciado públicamente una creciente escalada de violencia institucional y persecución contra ciudadanos que intentan alzar la voz. Estas organizaciones sostienen que la impunidad y el abuso se han institucionalizado bajo el amparo de autoridades municipales.
Uno de los casos más alarmantes se registra en Papantla, donde un joven trabajador del procesamiento de hoja de maíz permanece detenido desde noviembre pasado. Según versiones recabadas, fue presuntamente secuestrado y torturado durante horas por elementos municipales, incluyendo a José Miguel Santoyo Hernández. Además de haber sido despojado de su dinero y forzado a entregar acceso a sus cuentas bancarias, se le habrían fabricado cargos por posesión de drogas y armas, sin pruebas sólidas. El único testigo que intentó declarar a su favor fue presuntamente intimidado hasta guardar silencio.
En Poza Rica, las denuncias se enfocan en operativos irregulares por parte de patrullas municipales, como las unidades PM-200 y PM-201. Se han reportado casos de extorsión, como el de un adulto mayor asaltado tras una supuesta «revisión de rutina». Activistas que intentan documentar estas prácticas han sido hostigadas, amenazadas o incluso detenidas de forma arbitraria.
Los señalamientos también alcanzan a autoridades municipales como el alcalde Fernando Luis Remes Garza y la regidora Marisol Hernández Moreno, acusados de omitir su responsabilidad ante las crecientes quejas ciudadanas. Según activistas, no solo han ignorado las denuncias, sino que han encubierto a los elementos involucrados, permitiendo que operen con total impunidad.
Ante este panorama, los movimientos de resistencia civil insisten en que la transformación real solo llegará a través de la organización popular y la exigencia firme de justicia. Las redes sociales han servido como canal para exponer los abusos y contrarrestar los mensajes institucionales que intentan maquillar la realidad.
Organizaciones civiles hacen un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que inicien investigaciones independientes, garanticen el respeto a los derechos humanos y sancionen a los responsables. La ciudadanía, afirman, no puede seguir enfrentando a quienes deberían brindarle seguridad.