Columna 33, Por: Carlos Lucio Acosta

Gobierno  de Mano  Dura
¿Elecciones 2010-2016?

El estilo personal de gobernar ha dejado profundas cicatrices en el rostro político del Estado de Veracruz.

Don Manuel Cosío Villegas puso en alto relieve los pecados y las virtudes del llamado sistema político mexicano.

El destacado intelectual llamó las cosas observadas y comprobadas por su nombre de pila, dando énfasis en el difícil, pero al mismo tiempo apasionante ejercicio de la actividad pública.

Veracruz, por su conformación geográfica y personalidad histórica, siempre ha sido laboratorio de las diversas corrientes políticas e ideológicas del quehacer humano.

Todos los gobiernos son distintos, aunque en teoría se rijan por el mismo patrón democrático.

Analicemos el comportamiento de tres periodos de ellos:

a) En el gobierno de Rafael Hernández Ochoa (1974-1980), la delincuencia posicionó de la Universidad Veracruzana, la inseguridad dominó las calles y el crimen adueñó del campo.

La mano temblorosa del  entonces todopoderoso  subsecretario  de gobierno  Carlos Brito Gómez,  no logró  empuñar el  control  absoluto del papel institucional  en seis años.

El porrismo financiado por Roberto Guadalupe Gabriel Bravo Garzón, convirtió a la máxima casa de estudios superiores en nido de malvivientes y en fábrica de estudiante fósiles.

La antidemocracia se dejó sentir a plenitud en los procesos electorales de planillas estudiantiles, en los cuales, a base de golpes físicos, uso de armas punzocortantes o de fuego, imponían directivas.

Rectoría pagaba escandalosas cuentas de dirigentes estudiantiles no salo por concepto de renta de casas habitación, sino también, cantidades impresionantes por consumo de alimentos, cerveza, vinos, licores y pleitos en prostíbulos de mala muerte.

EL único rector que se mantuvo en el cargo por pe­riodo de doce años consecutivos de ilimitado poder político e in­fluencia económica, en que los porros sembraron el terror en escuelas y facultades, en tiendas de abarrote y vinaterías.

«Para mí no representa el mínimo problema el meter en cintura a ese grupo de vagos comentó en algún momento al re­portero el teniente coronel de caballería Ernesto Vázquez Castellanos, en esa época director general de Seguridad Pública del Estado, pero no lo hago, porque tengo instrucciones de allá arri­ba de no meterme con ellos».

El periodista Luis Velázquez Rivera, autor del li­bro «Bamba Violenta», siendo reportero del diario El Dictamen,  editado en la ciudad y puerto de Veracruz, registró en una serie de reportajes cerca de treinta asesinatos de dirigentes agrarios regionales.

Todos ellos bajo el liderazgo de Ernesto Medel Martínez, entonces secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado.

El fondo de los crímenes impunes giró en torno al reclamo de ejidatarios sobre la tardanza en la ejecución de resoluciones presidenciales que afectaban tierras de ganaderos.

La delegación estatal de la secretaría de la Reforma Agraria, en abierta complicidad con la desaparecida Comisión Agraria Mixta, retardaban deliberadamente la ejecución de los documentos.

La causa real del conflicto era que el sector ganadero, representado por Francisco López Lara, a la larga director general de Patrimonio del Estado, financió la campaña proselitista de Rafael  Hernández Ochoa,  impuesto por el presidente Luis Echeverría Álvarez, en combinación con Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, para descarrilar la candidatura de Manuel Carbonell de la Hoz, poderoso subsecretario de gobierno, protegi­do del gobernador Rafael Murillo Vidal y del director de la Fede­ral de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios.

El clima de inseguridad pública registrado en el área urbana y rural, llegó a su fin.

Los vientos graduales del cambio se dejaron sentir del primero de diciembre de 1980 al último de noviembre de 1986.

El gobierno de Agustín Acosta Lagunes puso orden en la convulsa Universidad Veracruzana y alineó a grupos de la delincuencia circunstancial y del crimen organizado.

El semanario Proceso dedicó tres portadas a igual número de reportajes, en los cuales documentó la «mano dura» del gobernador en materia de seguridad pública.

El teniente coronel paracaidista Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, ocupó la entonces dirección general de Seguridad Pública, recién desempacado con la misma responsabilidad en el equipo de trabajo de Rubén Figueroa Figueroa, en esa época go­bernador del Estado de Guerrero.

Reporteros de la fuente policiaca comentaron al redactor la frecuencia con que luego de sofocar escándalos universitarios o callejeros de estudiantes, confinaban a los detenidos al cuartel Heriberto Jara Corona, para después de «sensibilizar», trasladar al área de urgencias del hospital civil doctor Luis F. Nachón.

El trabajo de Acosta Lagunes no fue del todo sufi­ciente, pero al menos dejó constancia de prestar atención a las demandas populares en materia de seguridad pública.

Fernando Gutiérrez Barrios marcó otro estilo personal de gobernar de 1986 a 1988, antes de emigrar al gabinete pre­sidencial de Carlos Salinas de Gortari, como responsable de la secretaría de Gobernación.

EL director de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, acabó con la ola de asaltos a autobuses, taxis y unidades de carga.

Redujo el crecimiento de bandas criminales y metió al orden a virulentos grupos caciquiles regionales, acostumbrados a intimidar a ese tipo de gobernantes sin don de mando.

En sólo dos años de gobierno imprimió nuevas formas de convivencia en un clima de tranquilidad social y seguridad pública.

Los tiempos cambian.

Y el  Estado  de Veracruz,  también.

La inseguridad pública y privada vuelve a tomar las riendas el primero de diciembre del 2004.

Los escenarios actuales son totalmente distintos a los documentados en sexenios anteriores.

La violencia y la delincuencia tienen otro rostro.

EL ciudadano común y corriente no goza de las garantías individuales contenidas en la Constitución Política del Estado de Veracruz.

La seguridad pública y privada sólo existe en el boletín de prensa, en el discurso político, en la mente del funcionario público o en el subconsciente del representante de elección popular.

Basta con echar vistazo a las páginas de medios de comunicación impresos regionales, para comprobar en la sección policiaca la cantidad impresionante de asaltos, robos, secuestros, asesinatos, ejecuciones, extorsión, desapariciones forzadas, comandos armados clandestinos y agresiones de la delincuencia ocasional o del crimen organizado.

En todas las ciudades de Veracruz, circula con am­plio margen de libertad la cocaína, la heroína, metanfetaminas y mariguana.

Los tiempos de hoy requieren la presencia de un gobernador que inspire confianza, de tiempo completo, independien­te, comprometido con los generadores de impuestos, dueño de voluntad política, capacidad de trabajo, conocimiento real de la administración pública y experiencia negociadora.

Se necesita con carácter urgente un gobernador con la estatura suficiente y los tamaños necesarios, para abrir investigación sobre el blanqueo de dinero a través de negocios legítimos, de los activos patrimoniales y financieros de la estructura criminal, el desmantelamiento de la protección política y bienes económicos de la delincuencia organizada.

De los tres candidatos a la gubernatura sólo dos  tienen la personalidad física y la fortaleza mental de poner orden en el caos, de pacificar el campo y la ciudad, de regresar la tranquilidad a los 212 municipios que conforman la geografía poli tica del Estado.

Un gobierno no de mano dura, pero al menos, si de mano firme.

Sólo para tus ojos…

El Cuervo Rojo, se especializa en tortura y mutilación.