Columna 33 por Carlos Lucio Acosta

Interamericana de Prensa
¿Informe y Resoluciones?

                La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Miguel de Cervantes Saavedra/Don Quijote de la Mancha

                La búsqueda de soluciones para combatirla violencia contra la libertad de expresión y la impunidad, no ha obtenido el eco suficiente en el gobierno mexicano, editores de la república y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

                México es uno de los principales países del continente americano más afectado por la violencia contra periodistas y medios de comunicación. En el documento denominado Informe Marzo 2008, en lo referente a México hace riguroso balance del ejercicio periodístico en el país, en el que destaca el aumentó de los niveles de violencia, intimidación contra periodistas y medios, autocensura, impunidad, discriminación en la distribución de publicidad oficial y libertad de expresión.

                En algunos estados de la república persisten las viejas prácticas de gobiernos estatales y municipales de controlar la prensa independiente por medio de la publicidad oficial, concesiones, contratos, favores personales y apoyos a familiares y amigos a cargos de elección popular o responsabilidades administrativas.

                En la mayoría de los casos los editores, directores o accionistas de las empresas se hacen cómplices al aceptar estas prácticas y a cambio trabajan en favor de los intereses de los gobernantes en turno.

                En el informe de referencia ventilaron los expedientes de cinco periodistas del Estado de Veracruz:

                1.-El periodista Andrés Timoteo Morales, corresponsal del diario La Jornada, en Veracruz, sufrió dos robos en menos de una semana. El primero el nueve y el segundo el 16 de enero del 2008.

Le quitaron una computadora portátil y una memoria USB, en la que guardaba archivos de investigaciones realizadas entre el 2004 y el 2007 sobre temas ligados a inseguridad pública, presencia del narcotráfico en la entidad y agresiones del ejército mexicano a la población civil.

                2.-El periodista Octavio Soto Torres, director del semanario Voces de Veracruz, de Panuco, fue atacado a balazos por cuatro pistoleros enmascarados, el 23 de enero del 2008. EL origen del atentado se vincula a las críticas en contra de autoridades municipales y dirigentes de las uniones locales de productores de caña de azúcar.

                3.-EL reportero gráfico Gabriel Hugo Córdova, del diario Notiver, de Veracruz, fue secuestrado por espació de más de cinco horas por uniformados de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el 23 de febrero del 2008.

                4.-EL periodista Jesús Mejía Lechuga, conductor del noticiario A primera hora, del Grupo MS Noticias, de Martínez de la Torre, desapareció el diez de julio del 2003. Se presume que el comunicador fue secuestrado por las denuncias en contra de Guillermo Zorrilla Pérez, entonces diputado federal por el PRI y después de sostener entrevista privada con Alfonso Alegretti.

                5.-EL periodista Baúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, de Poza Mea, asesinado cuando se dirigía a su domicilio en las proximidades de la ciudad de Papantla, el ocho de abril del 2005.

                La asamblea de la Interamericana de Prensa resolvió pedir al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión, dote de los recursos legales, materiales y humanos a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR, y construya las mejores condiciones que permitan prevenir, atender y resolver casos de periodistas amenazados, secuestrados y asesinados.

                En lo concerniente a la discriminación en la publicación de la publicidad oficial, sugirió que constituye un ataque a la libertad de prensa por cuanto es utilizada en la mayoría de casos registrados, para castigar a medios de comunicación críticos a los sistemas de gobierno.

                Se debe adoptar un criterio equitativo en la asignación de publicidad oficial no sólo de los gobiernos federal y estatal, sino también municipal y oficinas descentralizadas.

 (Dr.) Columna 33, 2009, México