Coatzacoalcos, Veracruz – 11 de junio de 2025 — Después de diez años de búsqueda de justicia, el sistema judicial mexicano dictó una sentencia histórica al condenar a cinco elementos de la Secretaría de Marina por su participación en la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, ocurrida en septiembre de 2015 en Coatzacoalcos.
El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Veracruz sentenció a 40 años de prisión a Feliciano N., Anáhuac N., Héctor Emanuel N., Miguel Ángel N. y Pedro Iván N., quienes fueron encontrados responsables de detener arbitrariamente y hacer desaparecer a Jacob Vicente, un joven taxista de 27 años, durante un operativo de seguridad en la colonia Villas del Sur.
El caso sucedió en el marco del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, implementado en mayo de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, que involucró a fuerzas federales, estatales y municipales. Este operativo estuvo marcado por múltiples denuncias de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo al menos 30 desapariciones forzadas en la región.
Además de la condena penal, el fallo judicial ordena a la Fiscalía General de la República continuar con la búsqueda inmediata y efectiva de Jacob Vicente. Asimismo, exige que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde atención psicológica y psiquiátrica especializada a la familia, además de otorgar una indemnización por daño material e inmaterial en un plazo no mayor a un año.
El juez también ordenó a las corporaciones involucradas —Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Naval— realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, como una garantía para evitar la repetición de estos crímenes.
Esta sentencia es emblemática, no solo por sancionar a miembros activos de las fuerzas armadas, sino porque obliga al Estado a reconocer su responsabilidad estructural en casos de desaparición forzada, un paso sin precedentes en Veracruz, uno de los estados con mayor incidencia de estos crímenes en México.
El caso de Jacob Vicente ha sido acompañado durante años por organismos nacionales e internacionales. En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación formal a la Secretaría de Marina, que fue rechazada. Paralelamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exigió al Estado mexicano implementar medidas efectivas de búsqueda y justicia.
La detención de los marinos responsables se logró en 2022, tras una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República después de años de inacción de las autoridades locales.
Para la familia de Jacob y los colectivos de búsqueda, esta sentencia no significa el fin de su lucha, sino el inicio de una etapa en la que el Estado debe cumplir con reparar el daño, buscar la verdad y garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir.