Uno de los talones de Aquiles de los gobiernos federales en los últimos sexenios ha sido el de la inseguridad y violencia en el territorio nacional, por ello es que ahora se aplica el dicho de que una cosa es lo que dicen los políticos en campaña electoral y otra muy distinta es lo que aplican cuando llegan al llamado pinche poder.
Para no ir muy lejos, este lunes, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se dispone que la llamada Fuerza Armada pueda llevar a cabo tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Traducido a términos coloquiales, significa que el Ejército y la Armada que desde hace ya un año salieron a las calles a realizar funciones de la policía, continuarán haciéndolo hasta los próximos cinco años, es decir, cuando haya terminado el gobierno de Andrés López Obrador, sino es que le aplican antes la revocación de mandato.
Mientras tanto, habría que recordarle al ahora presidente de la república, como tanto le gusta hacerlo en sus remembranzas mañaneras, que apenas hace unos años, cuando todavía era el eterno candidato a ocupar el cargo, que una de las promesas de campaña y que ahí están conservadas en los archivos de la prensa, era de que habría de sacar a las fuerzas armadas de la mal llamada guerra contra la delincuencia, como lo había hecho el presidente Felipe Calderón a quien tanto critica hoy.
Pero contrario a lo prometido en campaña, ahora desde el poder presidencial López Obrador firmó un acuerdo en el que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.”
A manera de justificación, en los considerandos del acuerdo se dice que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional;
Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Así las cosas, lo que en su momento fue motivo de polémicas, por la modificación a la Constitución, ahora simplemente con la firma de un decreto presidencial, se deja a las llamadas Fuerzas Armadas con funciones de policías militares.
Gracias a ese decreto, a partir de ahora, los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición, eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
La orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.
En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.
Con el ambiguo término “Situaciones Extraordinarias” se deja en total libertad al presidente de la república, para que pueda mandar al ejército y la marina, a realizar prácticamente cualquier actividad de combate no solo a la delincuencia, sino también en otras acciones, no precisamente en contra de la inseguridad y la violencia.
En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés López Obrador afirmó -con un dejo de orgullo- que se van a repartir apoyos directos como en los distintos proyectos, por un promedio de 100 mil millones de pesos mensuales.
Agregó que la mayor parte de ese dinerito se va a entregar de manera directa.
Y es que comentaba Pancho López, el filósofo de la Atenas veracruzana, que 100 mil millones de pesos es una cantidad enorme. Vaya, casi inimaginable. Se puede usted imaginar amable lector, ¿lo que son nada más unos mil millones de pesos?, bueno pues ahora trate de visualizar lo que son cien mil millones.
Para la mayoría de los mortales, esa es una tarea titánica, imposible de lograr.
Lo importante es que el gobierno federal esté repartiendo -dispersando es el verbo de moda- los miles de millones de pesos.
La cuestión es el cómo se van a entregar esos recursos millonarios.
Como es sabido la mayor parte a través de los programas -electorales dicen los conservadores de la oposición- de los llamados apoyos de bienestar a determinados sectores de la población, adultos mayores, estudiantes, jóvenes sin empleo, campesinos sembradores del futuro, cañeros y hasta pescadores a 180 mil de ellos les van a llegar este mes siete mil pesucos.
Lamentablemente, en el esquema de apoyos del presidente López Obrador no se contempla a los periodistas y reporteros -que en plena pandemia siguen trabajando para informar a la población -al pueblo, diría ya saben quién- poniendo en riesgo sus vidas. Pero eso no lo puede ver.
Ahora dentro de la lucha contra la pandemia, otra de las estrategias implementadas es la de los llamados créditos a través de las dependencias federales, como son el ISSSTE, INVONAVIT, FOVISSSTE y el IMSS, incluso se estableció ofrecer todos los días una conferencia de prensa para informar sobre el tema.
Pero mucho ojo, esos créditos no son gratuitos, por lo que se tendrán que pagar, en paguitos quincenales y mensuales una vez que pase la pandemia, pero hay que tener cuidado con endorgarse, porque la crisis económica que va picada cada día no se va a resolver y esos préstamos se tendrán que pagar, porque no son como los programas de bienestar que son un reparto gratuito.
Porque aunque se supone que son para que las llamadas micro empresas puedan sobrevivir a la pandemia, no son a un fondo perdido, sino que después se les van a descontar puntualmente, en el caso de los trabajadores federales, directamente de su nómina.
Entonces tienen que ser bien administrados esos recursos, nada de ir a comprar cartones de cerveza -en donde los encuentren porque ya en algunas partes se agotaron- o gastarlo en otros gustos y placeres mundanos.
Sería interesante conocer cuantas son las micro empresas que van a recibir esos créditos -que insistimos tendrán que pagarse- para poder contratar las cifras con el número total de micros negocios que existen y sobreviven a la crisis.
Tal vez sería mejor, que el gobierno federal “dispersara” esos 100 mil millones mensuales de los que ahora se habla, directamente a las micro empresas que están registradas en el SAT de Hacienda, como se hizo en Estados Unidos, de que a todos los trabajadores que estaban al corriente en sus declaraciones de impuestos, se les depositaron en promedio mil 200 dólares.
Porque como acertadamente lo dijo en su conferencia mañanera el presidente López Obrador “Si se tiene presupuesto es de todos, es público y se tiene que buscar repartir el presupuesto con equidad, con justicia y darle más al que tiene menos, pero también es no dar la confianza, sino aceptar, reconocer que el mexicano es responsable, que no somos ciudadanos imaginarios, que somos ciudadanos de verdad, eso está más que demostrado, y que somos honestos.”