- PVEM, PRI y PAN impulsan reforma a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) que permitirá asegurar que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en puestos clave durante el próximo sexenio.
- Creación de esta Agencia en 2014 ha debilitado la institucionalidad ambiental en favor de los proyectos de gas y petróleo que ponen en peligro a la población y ecosistemas de México.
- La iniciativa podría ser votada esta misma semana en la Cámara de diputados, a sólo quince días de que termine el periodo ordinario de sesiones.
Comunicado de PRENSA | Ciudad de México.— Entre los cambios promovidos por la Reforma Energética se incluyó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos (ASEA), lo que supuso un debilitamiento y fragmentación de una política ambiental que ya presentaba serias deficiencias para proteger a la población y los ecosistemas frente a proyectos de diferente índole, como los de hidrocarburos. Por un lado, la creación de esta Agencia no respondió a los vacíos que aquejan a esta política, como la limitada autonomía de las instituciones a cargo de la misma frente a otras dependencias e instancias del gobierno que promueven los proyectos. Tampoco sirvió para fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que, al día de hoy, sigue presentando serias deficiencias que provocan que los proyectos que se aprueban pongan en riesgo el medio ambiente y los derechos humanos.
Lejos de ello, la creación de la Agencia −promovida por la Senadora Ninfa Salinas−,[1] significó concentrar en una sola instancia la generación de regulación ambiental, la autorización de los permisos en la materia y las tareas de inspección, investigación y sanción de las irregularidades, lo que pone en riesgo su objetividad al ser juez y parte de los diferentes procesos. Asimismo, este organismo concentra la entrega de toda una serie de permisos que necesitan las empresas para poder operar los proyectos, los cuales antes estaban en diferentes instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Es decir, se configura como una ventanilla única que puede servir para facilitar y acelerar la obtención de estos permisos, favoreciendo a los proyectos de gas y petróleo en detrimento del ambiente, la salud y bienestar de la población. Otro tema controversial es el hecho de que el titular de esta Agencia sea nombrado y removido por el presidente de la República, lo cual le resta autonomía en decisiones y puede sujetar sus acciones a motivaciones que no se enmarquen en la protección de los ecosistemas y las personas que dependen de ellos.
Justamente en relación con este último punto es que se impulsa desde el PVEM, con el apoyo del PRI y del PAN, una reforma a la Ley de la Agencia[2] la cual en teoría busca fortalecer la autonomía de la misma. Sin embargo, en un contexto de fin de sexenio y tras un análisis de los cambios propuestos, surgen serias preocupaciones sobre los verdaderos fines y alcances de esta reforma:[3]
– Se plantea la creación de un Órgano de Gobierno de la Agencia, conformado por vocales, quienes serán elegidos de manera directa por el presidente de la República, que también definirá quién lo presidirá. Este órgano quedaría conformado en el actual sexenio, lo que implicaría que el presidente Enrique Peña Nieto nombrase a los vocales, los cuales estarán en funciones durante el próximo sexenio, y al Director Ejecutivo de la Agencia, quien estaría en el cargo hasta 2023. De esta manera, la actual administración se aseguraría que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en estos puestos clave y, así, impulsar la continuidad de la Reforma Energética por encima de consideraciones ambientales y sociales.
– Los requisitos para poder ser elegidos para el cargo de vocales resultan insuficientes para evitar que intereses empresariales pasen a integrar este Órgano de Gobierno, lo que, unido a lo anterior, supone serias amenazas a su autonomía y a la capacidad que tendrá para tomar decisiones que garantice la protección del ambiente y la población frente a los proyectos de hidrocarburos.
– Ante un tema de tanta relevancia como la política ambiental en materia de hidrocarburos, más en el contexto de la reforma energética y de las intenciones del gobierno de seguir promoviendo el fracking, resulta sumamente preocupante que se impulsen cambios a esta Agencia a tan solo quince días de que se finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso y sin una consulta amplia y representativa de la misma.
En este contexto, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking exigimos:
– Detener todo intento de reforma a la Ley de la Agencia hasta que existan condiciones adecuadas para llevar a cabo un verdadero proceso de consulta participativa y representativa que permita aportar otros elementos a la discusión y la toma de decisión sobre la misma.
– Llevar a cabo un verdadero debate sobre el futuro de esta Agencia que incluya la posibilidad de que sea eliminada debido a que genera un régimen especial para los proyectos de gas y petróleo que facilita su operación por encima de consideraciones ambientales y sociales.
– Que, hasta que se haya llevado a cabo este debate, se detenga la entrega de más áreas del territorio para la explotación de hidrocarburos, dado que no existen las condiciones para asegurar la protección del ambiente y la población frente a esta actividad.
– Que se prohíba el fracking en nuestro país, se cancelen los procesos existentes y se detenga la Licitación 3.3 para explotación de gas y petróleo no convencional, puesto que ninguna regulación sería suficiente para evitar sus daños inherentes sobre el agua, la salud, el clima, los ecosistemas y los derechos humanos.