Como una medida de justicia laboral y para prevenir padecimientos físicos como várices, fatiga y problemas circulatorios, el Senado de la República aprobó el pasado 17 de junio la llamada ley silla, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos y permitir descansos intermitentes a quienes cumplen largas jornadas de pie.
La reforma busca garantizar condiciones dignas y saludables para trabajadores de supermercados, tiendas, restaurantes, centros comerciales y otros espacios donde el esfuerzo físico prolongado es parte de las labores diarias, fortaleciendo así el respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral.
En Veracruz, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que en el primer trimestre de este año la informalidad laboral alcanzó el 70.1%, lo que equivale a 2.4 millones de personas sin acceso a prestaciones o seguridad social, principalmente en comercio y servicios.
De acuerdo con el Censo Económico 2024 del Inegi, el estado cuenta con 486 mil 272 establecimientos, de los cuales alrededor de 215 mil pertenecen al sector comercio. En ellos trabajan cerca de un millón 809 mil 830 personas, 48.5% mujeres y 51.5% hombres, en su mayoría de entre 25 y 40 años, en actividades que requieren permanecer de pie, como ventas, vigilancia, labores domésticas, atención en gasolineras o estéticas, entre otras.
Además de mejorar la salud física al reducir dolores musculares y problemas circulatorios, la ley silla también busca fomentar la equidad de género, la inclusión y un trato laboral más humano y responsable.