Vie. Mar 29th, 2024

Gobernantes | Xalapa, Ver.— A punto de concluir sus funciones el próximo 4 de noviembre, los diputados panistas de la LXIV Legislatura local ven la tempestad y no se hincan. Y es que, según fuentes extraoficiales, luego de que la presidenta de la Diputación Permanente, María Elisa Manterola Sáinz, anunció desde la tribuna que ya había instruido proceder legalmente contra los diputados de Morena y sus ayudantes que participaron en la “clausura” del Congreso del Estado el pasado martes, trascendió que el área jurídica, a cargo de Ángel Ramírez Bretón, ya habría procedido legalmente y que en la denuncia se habría hecho uso de videos e imágenes de quienes participaron en el cierre del Congreso.

De acuerdo con Manterola Sáinz los diputados de Morena ingresaron personal externo en sus vehículos de forma “clandestina” para posteriormente con su ayuda bloquear los accesos y amagar al personal de seguridad. Dándose golpes de pecho – y además con amnesia política por ignorar los hechos ocurridos en octubre de 2016 en Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz – la diputada panista añadió que la actitud de los morenistas y sus ayudantes afectó tanto a los trabajadores como a diversas personas que acudían a realizar trámites.

“Que no se quiera confundir – aseguró- entrar en la clandestinidad con personal desconocido, encadenar las entradas, amedrentar a personal de seguridad, claro que es un hecho violento, y que puede constituir un delito”, sostuvo. Según esta versión, los panistas pretenderían aplicar los supuestos delitos de sedición y motín, los cuales se sancionan con cárcel, multa y suspensión de los Derechos Políticos a los responsables.

En ese tenor, en lo que se refiere al delito de sedición el Código Penal del Estado señala que se impondrán de seis meses a seis años de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos “a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad, para impedir el libre ejercicio de sus funciones; evitar el cumplimiento de la ley; abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen, o impedir la integración de éstas o su libre ejercicio; o para separar o impedir el desempeño de su cargo a algún servidor público, estatal o municipal”.

Con relación al delito de motín se aplica a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, “se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación”.

A los responsables de este delito se les impondrán de seis meses a tres años de prisión, o multa hasta de cuarenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por dos años. Hay quienes dicen que los panistas quieren espantar con el petate del muerto, pues a menos de tres meses de que se vayan, la denuncia se les podría revertir a partir del 5 de noviembre con un Congreso de mayoría de Morena. Y entonces sí, los papeles se invertirán, diametralmente.