Estados Unidos está considerando la aplicación de la pena de muerte a seis de los 29 narcotraficantes que fueron entregados por México, incluyendo a Rafael Caro Quintero. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha señalado que muchos de estos acusados tenían solicitudes de extradición pendientes que no fueron atendidas durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, el gobierno mexicano decidió entregarlos en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157, emitida por Donald Trump, que busca erradicar los cárteles de la droga designándolos como organizaciones terroristas.
La Orden 14164, que restablece la pena de muerte, establece criterios claros para su implementación, incluyendo la posibilidad de que Caro Quintero enfrente cadena perpetua o pena capital en su juicio en Nueva York. Otros narcotraficantes en situacion similar son José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane y Aliso Martín Sotelo. El memorándum asociado a esta orden establece que la pena de muerte se aplicará sin interferencias de jueces o políticos, y se instruye al Fiscal General a impulsar su uso en delitos graves.
Además, se contempla que los líderes de cárteles enfrenten cargos por terrorismo y crimen organizado, mientras que los delincuentes de menor rango serán priorizados para deportación en lugar de enjuiciamiento. El Departamento de Justicia ha enfatizado que estos traslados son parte de la política estadounidense bajo la Orden 14157, aunque no se ha reconocido al gobierno mexicano en este contexto. La entrega de los narcotraficantes se produjo en un momento en que funcionarios de ambos países se reunieron para definir estrategias conjuntas contra el narcotráfico.