- Juan Manuel de Unanue Abascal niega que haya manipulado anomalías
Gobernantes | Xalapa, Ver.— Aunque fuera para hacer ruido y tratar de legitimar su actuación ante los ojos de la próxima administración estatal, el presidente del Consejo Ciudadano Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, no quita el dedo del renglón y asegura que los ex diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la 64 Legislatura tiraron por la aborda el trabajo de un año del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), dependencia que cuesta al presupuesto estatal más de 194 millones de pesos anuales.
Vázquez Rodríguez acusó que los 15 ex integrantes de la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura, no sólo desecharon el trabajo del Organismo, sino el impacto en el presupuesto del Estado. En ese tenor, el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción también cuestionó que el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, haya emitido un comunicado donde se deslindó de cualquier acuerdo tomado al interior de la Comisión Permanente de Vigilancia. “Todo esto se dio dentro de las instalaciones del Orfis y no se trata de deslindes, se trata de corresponsabilidad, ya que el Orfis es el brazo técnico del Congreso para fiscalizar”, aseguró.
Vázquez Rodríguez reiteró que de los mil millones de pesos que resultaron con presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2017, el Congreso dio por solventado 325 millones de pesos que corresponden sólo a Ayuntamientos y a un Instituto Tecnológico. Por lo anterior, recordó que el Órgano Interno de Control del Congreso ya tiene la denuncia y el siguiente paso es investigar y sancionar a los responsables de esta situación.
Los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia en la LXIV Legislatura fueron Juan Manuel de Unanue Abascal, Fernando Kuri Kuri, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Rodrigo García Escalante, Carlos Antonio Morales Guevara, José Manuel Sánchez Martínez, María del Rocío Pérez Pérez, Judith Pineda Andrade, Juan Manuel del Castillo González, Bingen Rementería Molina, Lourdes García González, Juan Nicolás Callejas Roldán, María Adela Escamilla Moreno, Marco Antonio Núñez López y Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Mientras tanto, el ex presidente de la Comisión de referencia, Juan Manuel De Unanue Abascal, dijo que las acusaciones sobre irregularidades en la aprobación de la Cuenta Pública 2017 son infundadas.
Según el diputado panista, las declaraciones de Vázquez Jiménez son de índole político y sin fundamentos reales. Aclaró que la ley sí faculta a los legisladores a aceptar documentación de los entes fiscalizables que sirva para solventar las observaciones en el manejo de los recursos públicos en tanto se dictamina la Cuenta Pública. Refirió que son más de 40 Ayuntamientos los que solventaron el manejo financiero del 2017, de los cuales más de 30 son del PRI, por lo que aseguró que no se actuó a favor de representantes del PAN o de algún partido afín a la administración estatal. “Nosotros recibimos documentación y hubo muchos entes que se acercaron, pero que después de una revisión y un análisis no solventaron. Es importante aclarar que algunos exfuncionarios no se enteraron de las observaciones, por ello se acordó recibir información para justificar lo observado por el Órgano de Fiscalización Superior”. Por ello insistió en que las acciones de la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura se realizaron conforme a la Ley, por lo que se esperará a que la Contraloría interna del Congreso local resuelva lo procedente ante la denuncia que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó en contra de los 15 diputados que integraron la comisión, incluyendo algunos de Morena.