Xalapa, Ver. – Diversos exfuncionarios que formaron parte de la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa deberán reintegrar al Gobierno del Estado de Veracruz más de 19 mil 598 millones de pesos, derivado de sentencias firmes en su contra, informó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Los créditos fiscales deberán ser ejecutados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mediante el procedimiento administrativo de cobro, que puede incluir el embargo de bienes o cuentas bancarias de los responsables. Un crédito fiscal es el monto que el Estado tiene derecho a percibir por impuestos o aprovechamientos no pagados por un funcionario.
Según los registros del Orfis, los créditos fiscales corresponden a los ejercicios 2010, 2015 y 2016, y los principales exfuncionarios con adeudos incluyen:
Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero de la Sefiplan, con 18 mil 763 millones 430 mil 706 pesos.
Maritza Mendoza Rocha, exdirectora de Programación y Presupuesto de la Sefiplan, con 744 millones 331 mil pesos.
Vicente Guillermo Benítez González, exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con 11 millones 210 mil pesos.
Harry Manuel Grappa Guzmán, exsecretario de Turismo y Cultura, con 8 millones 525 mil pesos, más 3 millones 351 mil pesos del Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático TAKHIL SUKUT.
Carlos de Jesús Sosa Ahumada, exdirector del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), con 1 millón 842 mil pesos; y José Antonio Ocaña Ronzón, subdirector del IVD, con 1 millón 550 mil pesos.
Manuel Rosendo Pelayo, exalcalde de San Andrés Tuxtla, con 30 millones de pesos; y Fernando Hernández Méndez, exalcalde de Yecolutla, con 16 millones 594 mil pesos.
La titular del Orfis, Delia González Cobos, exhortó a las autoridades a no permitir que estos créditos fiscales queden en papel y a ejecutar las sentencias hasta sus últimas consecuencias, garantizando que los recursos sean efectivamente recuperados para las arcas estatales.
Este llamado refuerza el compromiso del Orfis y de la Sefiplan para hacer cumplir la ley y recuperar los recursos públicos que fueron desviados durante la pasada administración estatal.