Coatzacoalcos, Ver., 27 de agosto de 2025.– A seis años del incendio provocado en el bar Caballo Blanco, que dejó 32 víctimas mortales entre empleados y clientes, familiares de los fallecidos impugnaron la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para aceptar la recomendación 30/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La CEDH había señalado un trato indigno hacia los cuerpos de las víctimas; sin embargo, la FGE rechazó la resolución, lo que motivó a los familiares a acudir a instancias federales en la Ciudad de México.
América del Carmen, madre de Xóchitl Nalley Irineo Gómez —una de las trabajadoras que perdió la vida en el ataque—, denunció que las autoridades locales han desestimado los testimonios y señalado de falsedad a funerarias y testigos que evidenciaron irregularidades en el manejo de los cuerpos.
“Ya hice la impugnación a la Fiscalía, pero la mandé directo a México. Ellos dicen que los protocolos se hicieron bien, que es mentira que los cuerpos estaban en mal estado. Para que no quede en el olvido, seguimos luchando”, expresó.
Además del desgaste emocional y burocrático, las familias señalaron que los apoyos gubernamentales prometidos, como becas, atención del DIF y ayuda económica, no han llegado. En su testimonio, América del Carmen acusó que uno de sus hijos no recibe la beca Benito Juárez por problemas en la actualización de datos, y que el DIF municipal les negó cualquier tipo de asistencia.
“Mis hijos a veces se adaptan a una comida o dos, no se puede más. Es un peregrinar largo. Quieren dar carpetazo y no lo vamos a permitir”, lamentó.
Tras el ataque del 27 de agosto de 2019, al menos 30 menores quedaron huérfanos. Hoy, muchos de ellos enfrentan dificultades para acceder a la educación, la salud y una alimentación adecuada, mientras sus cuidadores aseguran sentirse abandonados por las instituciones.