Human Rights Watch entregó al Presidente un informe sobre la situación en cinco estados del país afectados por el crimen. Denuncia que se ha generado un incremento drástico de violaciones a los derechos humanos
El Universal, México, D.F.— La política de seguridad del presidente Felipe Calderón ha fracasado, pues no ha logrado reducir la violencia, pero además ha generado un incremento drástico de violaciones a los derechos humanos, que difícilmente serán investigadas adecuadamente.
Así lo indica el último informe de Human Rights Watch (HRW) titulado: «Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México», que José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional entregó esta mañana al mandatario.
El reporte agrega que al realizar un estudio en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, documentó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas.
«Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país».
Se realizaron más de 200 entrevistas a funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos, entre otros actores; se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de solicitudes de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones a derechos humanos, entre otras pruebas.
HRW reconoce que Calderón «heredó un país donde los cárteles consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad -militares y civiles- tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función».
Critica, sin embargo, que «en lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una «guerra» contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país».
A casi cinco años de la declaración de «guerra» de Calderón, destaca HRW.
«México ha sufrido un incremento dramático de la violencia», tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más de 260 por ciento entre 2007 y 2010.
La cifra oficial pública es de 35 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada, con aumentos drásticos cada año: pasó de 2 mil 826 muertes en 2007 a 15 mil 273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11mil muertes vinculadas con el narcotráfico.
También cuestiona que mientras más de 50 mil soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México, asumiendo tareas de seguridad, con apoyo de la Policía Federal y más de dos mil 200 corporaciones estatales y municipales, «la cooperación entre estas fuerzas de seguridad es a menudo limitada o superficial».
El hecho es que las actividades ilícitas del crimen organizado «han afectado prácticamente todas las esferas de la vida pública», e incluyen las más variadas modalidades, como extorsión de pequeñas empresas, bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de queda nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios públicos.
Para Human Rights Watch es preocupante la impunidad que existe en torno a torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que representan una amenaza ante la seguridad pública, ante la implicación de las fuerzas de seguridad en estos casos.
Destaca que «miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la Presidencia, en diciembre de 2006».
