Gabriel Deantes, vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito

Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario estatal del gobierno priísta.
Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario estatal del gobierno priísta.
Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario estatal del gobierno priísta.

 

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XALAPA, VER.

 

Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario estatal del gobierno priísta que encabezó Javier Duarte de Ochoa, es vinculado a proceso y será investigado durante seis meses por tener un incremento desproporcional de su patrimonio.

En la segunda audiencia de pruebas y alegatos que duró doce horas, Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de control del Juzgado Tercero Penal Oral en Pacho Viejo, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) son procedentes y validadas.

Dichas pruebas indican que Deantes Ramos aumentó en sus cuentas bancarias 10 millones 845 mil 200 pesos y 39 millones 193 mil 240 pesos de patrimonio, siendo un total de 50 millones 38 mil 440 pesos.

Desde las dos de la tarde hasta las dos de la mañana de este miércoles, tres fiscales, el juez y la defensa de Deantes Ramos presentaron sus pruebas y alegatos por el proceso donde está imputado el exOficial Mayor de la SEV por el delito de enriquecimiento ilícito.

En la intervención de la Fiscalía, presentó durante dos horas las declaraciones patrimoniales del también ex secretario del Trabajo, a quien se le detectó que poseer ocho propiedades: tres terrenos en el Paseo de Nezahualcóyotl (lotes 26, 27 y 28) del fraccionamiento Valle Anáhuac, en Las Ánimas (Xalapa); otro en Mixcoac, uno más en Amado Nervo de Ciudad Cuauhtémoc, un departamento en la Torre Marigalante (número 37), otro departamento en Periférico Sur unidad Pemex y una casa en la calle Azahar número 33 de la colonia Monte Alegre, en Tampico, Tamaulipas.

Además, de poseer al menos siete cuentas bancarias en diversos bancos y otras más a nombre de su esposa, Laura Saldaña Ramírez, ambos, con altas cuentas económicas en refugio bancario.

La audiencia fue enviada a receso en cuatro ocasiones; donde el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato dijo al imputado, defensa y fiscalía que serían de 15 minutos o una hora, tomando hasta tres horas y media.

Al retomar la audiencia posterior al receso, el juez incurrió en el principio de oralidad, pues dio lectura a todo aquel comentario que intentó expresar a los fiscales del caso, la defensa y Gabriel Deantes Ramos.

Como medidas cautelares, el juez determinó el aseguramiento de tres inmuebles, el pago de una garantía económica por un millón de pesos, la prohibición para salir del país y la firma cada 15 días del imputado ante el juzgado.