El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un firme llamado al Grupo Proyecta, desarrolladora inmobiliaria con presencia en la entidad, para que done dos hectáreas de terreno con el propósito de construir una unidad habitacional destinada a policías estatales. De no acceder a esta solicitud en un plazo de 30 días, el mandatario advirtió que su gobierno iniciará un procedimiento de expropiación sobre un predio de cuatro hectáreas.
Durante una conferencia de prensa, Armenta expresó que esta solicitud tiene como finalidad apoyar a los cuerpos de seguridad del estado, brindándoles condiciones de vida dignas. Al mismo tiempo, argumentó que Grupo Proyecta ha obtenido importantes beneficios económicos a lo largo de los años gracias al desarrollo de proyectos en territorio poblano, por lo que consideró justo que ahora aporten al bienestar social.
“Quiero hacer un llamado a Grupo Proyecta para que le done al gobierno del estado dos hectáreas para hacer una unidad en esa zona, para la policía. Han tenido mucha riqueza, se han beneficiado mucho. Grupo Proyecta, de los poblanos. Ya es hora de que le den algo a Puebla”, afirmó el gobernador ante medios de comunicación.
Asimismo, Armenta dio un plazo específico a la empresa para que decida en qué parte del terreno hará la donación voluntaria. “Les vamos a dar 30 días para que nos digan en qué polígono. Si en 30 días no nos dan dos hectáreas, vamos a iniciar un proceso de expropiación para cuatro hectáreas”, puntualizó.
El mandatario aseguró que su petición no representa un acto autoritario, sino un ejercicio de justicia social. “Es un asunto de justicia, no es represión, porque si no al rato se van a ir a quejar”, añadió, enfatizando que el planteamiento se hace con “cariño y respeto”.
La declaración generó diversas reacciones en el ámbito político y empresarial del estado, abriendo el debate sobre los límites de la autoridad gubernamental y el papel de la iniciativa privada en proyectos de interés público.
Hasta el momento, Grupo Proyecta no ha emitido una postura oficial respecto a la solicitud del gobernador ni sobre la posible amenaza de expropiación.