Palo Mulato, Tabasco – Habitantes de diversas comunidades ubicadas en las inmediaciones de la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos han denunciado abusos de autoridad por parte de corporaciones policiales que realizan operativos y cateos sin mostrar órdenes judiciales.
De acuerdo con los testimonios, los elementos de seguridad —pertenecientes a corporaciones municipales, estatales y federales— han irrumpido en viviendas particulares y comercios en localidades como Palo Mulato, Pejelagartero, El Corchal, C-23, C-22, C-25, C-26, Ignacio Gutiérrez Gómez, El Porvenir, Ejido Pico de Oro, San Miguel, entre otras.
Señalamientos de los pobladores
Los denunciantes aseguran que, bajo el pretexto de buscar a presuntos delincuentes, los uniformados ingresan sin autorización legal a los domicilios, sin presentar órdenes de cateo ni seguir los protocolos establecidos por la ley. En lugar de realizar investigaciones formales, acusan que los elementos:
- Sustraen objetos de valor como televisores, computadoras, celulares, dinero en efectivo e incluso animales de granja.
- Irrumpen en pequeños comercios, llevándose mercancía o productos sin justificación.
- Intimidan a las familias, generando un ambiente de miedo e impunidad.
“Nosotros no estamos en contra de los operativos, al contrario, los aplaudimos si se hacen bien. Pero esto no es justicia, es saqueo disfrazado de cateo”, señaló un habitante del Ejido San Miguel.
Contexto de tensión en la región
El malestar social se ha intensificado tras la muerte de los mecánicos desaparecidos el 7 de mayo, un caso que ha generado consternación en la región. Los ciudadanos señalan que los operativos se han incrementado a raíz de este crimen, pero lamentan que en lugar de enfocarse en los responsables, se esté castigando a inocentes.
Las comunidades afectadas exigen al Gobierno del Estado de Tabasco que se ponga un alto inmediato a estos abusos y que se garantice el respeto a los derechos humanos. También piden que los elementos que participen en los operativos actúen con base en el debido proceso, y que se sancione a quienes incurran en excesos o actos de corrupción.
Llamado a las autoridades
Los pobladores hacen un llamado directo al gobernador y a las autoridades correspondientes para que supervisen personalmente las acciones de las fuerzas del orden en estas zonas rurales, donde la pobreza y la vulnerabilidad agravan el impacto de estas prácticas indebidas.
“Queremos seguridad, no represión. Justicia, no abuso. Y que los delincuentes verdaderos paguen, no los campesinos ni comerciantes que solo quieren vivir en paz”, concluyó uno de los voceros comunitarios.