La corrupción en México durará hasta que el presidente quiera

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Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, la izquierda, con el presidente Enrique Peña Nieto en enero. Credit Gobierno del estado de Veracruz

 

Daniel Moreno / Ciudad de México.—Cuando alguien me pregunta ¿qué va a pasar con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra separado del cargo y al que ya persigue la ley por casos de corrupción?, suelo responder: “Lo que el presidente quiera”.

La situación del exgobernador es un buen ejemplo de que en México la ley se aplica discrecionalmente; que está diseñada para proteger a los corruptos; que los gobernadores aprovechan el control que ejercen sobre los congresos y sus auditores para operar con libertad, y que el gobierno federal no puede o no quiere frenar los abusos.

No hay duda de que el gobierno que encabezó Duarte estuvo marcado por las irregularidades y los desvíos en el uso de los recursos desde el principio.

Como en muchos otros casos, la justicia ha sido lenta. Pasaron cinco años y 10 meses para que finalmente se investigara su gestión. Y tuvo que ser un trabajo periodístico lo que obligó al gobierno a actuar.

En mayo, Animal Político demostró que funcionarios del primer círculo de Duarte otorgaron contratos a empresas que solo existían en papel, pero que no tenían empleados ni dirección fiscal; que no vendían nada y que nunca entregaron los productos que supuestamente les compraron.Eran empresas fantasma o de maletín. Esos recursos, como ahora puede documentarse, sirvieron para comprar casas y terrenos en Estados Unidos y México. Una noticia reciente añadió a las acusaciones que, a través de varios testaferros, Duarte adquirió 30 propiedades en Florida.

Pero las denuncias por presuntos actos de corrupción no empezaron con esta investigación. Se dieron desde el primer año de su gobierno. La Auditoría Superior de la Federación presentó, a lo largo de estos cinco años y 10 meses, 53 denuncias penales en contra del gobierno del estado por mal uso de 35 mil millones de pesos (unos 1890 millones de dólares), sin que una sola de ellas haya terminado en una orden de aprehensión.

Hubo muchas denuncias más: fraudes a pensionados, préstamos irregulares a burócratas o enriquecimientos inexplicables de colaboradores y familiares. Solo un mes antes de la salida del gobernador, su secretario de Seguridad Pública tuvo que renunciar después de que se denunciara que era propietario de 19 casas en México y Estados Unidos. Tampoco estas denuncias tuvieron seguimiento.

En un país donde la corrupción pública es ubicua, hay razones para que las denuncias no prosperen. Una de las principales es la debilidad estructural de los entes contralores estatales y federales. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República cuenta con un equipo de solo 12 personas. Pero quizá lo más importante es que pese a todos los indicios no se tocó al gobernador veracruzano y a su equipo.