Cuando el delincuente se da cuenta que no se hará mucho por detenerlo, la percepción es de que puede hacer lo que quiera sin ser castigado.
Agencias, Ciudad de México.—Uno de los problemas más graves que vivimos hoy en nuestro país es la impunidad. Si bien es cierto que una gran cantidad de delitos no se denuncian, también lo es que los que sí, cuentan con un gran porcentaje de no resueltos. Resolver sólo 7 de cada 1000 delitos se llama impunidad, de la cual, lamentablemente, hoy estamos presos y nos devora.
La impunidad tiene su historia en diversos fenómenos. Por un lado, una descentralización del poder que comenzó en los noventa y que transfirió dinero y responsabilidades a los gobernadores, pero dentro de ese tránsito no se modernizaron las instituciones. Los viejos instrumentos —corruptos y abusivos— dejaron de funcionar y nadie hizo nada por adecuarlos a una nueva realidad. Nuestras instituciones de seguridad pública y justicia siguen siendo débiles. La función primordial del Ministerio Público (MP) es la persecución de los delitos, y no están cumpliendo su cometido. La profesionalización y la autonomía al MP es primordial para que estos no sean controlados políticamente y sean un órgano técnico donde no se manipulen las investigaciones.
Por otro lado, se dio una descomposición del tejido social, la falta de desarrollo económico hizo que la movilidad social se dé principalmente por la ilegalidad. Nuestro sistema educativo caducó, el Estado no asumió su responsabilidad, y al final dejamos de tener valores compartidos, nos volvimos permisivos.
Esta conjunción de circunstancias no pudo ocurrir en peor momento. Ya no vivimos en un Estado de Derecho y no hemos construido una visión de país, clara y definitiva.
Hace unos meses decía el Presidente Calderón que el problema de la delincuencia es de percepción. No puedo estar más de acuerdo con él. Cuando el delincuente se da cuenta que los órganos impartidores de justicia no harán mucho por buscarlo, detenerlo y procesarlo, en ese momento, la percepción es de qué puede hacer lo que quiera sin ser castigado.
Entonces el objetivo es construir una Política de Estado en Seguridad y Justicia que permita restablecer una percepción de orden; que atemorice a las criminales; que obligue a toda la población a cumplir las reglas del juego y disminuya la impunidad. Un entorno de seguridad que intimide las conductas ilegales y de certeza al ciudadano honesto. La realidad que tenemos nos obliga a replantearnos un nuevo pacto social para poder convivir de nueva cuenta y recuperar todo aquello que la delincuencia (organizada y desorganizada), la corrupción y la impunidad han ocupado.
Tenemos que dejar de lado el falso argumento, “todo se permite porque todos lo hacen”. La impunidad es resultado de los excesos de poder en todos niveles. Lo grave es que mientras nosotros seguimos pensando qué hacer, las bandas delincuenciales avanzan, ganándole terreno a la sociedad, debilitando al Estado mexicano.
Transitando, por ejemplo, en el caso de algunos carteles a asociaciones delictuosas de tercera generación, donde aún cuando su única agenda sea la de la codicia, ¿Cuánto tiempo pasará para asegurar sus rutas apoyándose de la sociedad? ¿Cuánto tiempo pasará para que los únicos que garantizan la seguridad, dan empleo, escuelas, hospitales y llevan a cabo la impartición de la justicia, sean la misma delincuencia organizada? Y peor aún, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente asuma que su única posibilidad de salir adelante sea defendiéndolos?, ¿Qué la garantía de que no haya impunidad sea otorgada por ellos?
Nos vemos obligados a discutir desde nuestros núcleos cuál es el futuro que queremos como sociedad, y no perpetuar a la delincuencia. Son muchos nuestros problemas.
No podemos seguir pasmados, diciendo que la impunidad en la que vivimos es producto de gobiernos pasados o actuales, o de algunos políticos que ante su incapacidad de lograr acuerdos dejan entrampada a la sociedad en una larga espera.
El problema de la impunidad que enfrentamos como país no lo va a resolver por sí mismo el nuevo sistema de justicia, un mando único policial, un gobernador o un presidente. Necesitamos comenzar asumiendo nuestra responsabilidad, dejemos de ser súbitos y convirtámonos en ciudadanos capaces de construir una cultura de legalidad y exigir rendición de cuentas, donde la base sea: No voy a violar la ley, pero tampoco voy a permitir que otro la viole.
Yo no sé cuántos estén dispuestos a perder su libertad y ser parte de la estadística del crimen organizado antes de decir ¡ya basta! Yo NO.