El 17 de junio entrará en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como Ley Silla, que obliga a los empleadores en México a proporcionar asientos adecuados a sus trabajadores durante la jornada laboral. Esta modificación, que afecta a todos los sectores, busca mejorar las condiciones laborales de aquellos que, hasta ahora, pasaban largas horas de pie sin descanso.
Los artículos 132 y 133 de la ley han sido actualizados para incluir la obligación de ofrecer sillas con respaldo funcional, permitiendo a los empleados sentarse mientras trabajan o durante sus pausas. Esta norma es aplicable a una amplia gama de profesiones, desde cajeros y cocineros hasta personal de seguridad y dependientes de mostrador, quienes son los más vulnerables a problemas de salud relacionados con posturas prolongadas.
El objetivo principal de la reforma es reducir el riesgo de enfermedades laborales como várices, fatiga muscular y dolores en la espalda baja. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá normas complementarias para regular el riesgo asociado a posturas prolongadas.
Las empresas que no cumplan con esta nueva obligación enfrentarán sanciones significativas, con multas que van de 250 a 2,500 veces la UMA, lo que equivale a montos de $27,000 a más de $280,000 pesos mexicanos. Además, las autoridades laborales podrán realizar inspecciones y, en casos graves, suspender temporalmente las actividades de la empresa.
Los empleadores tienen un plazo de 180 días naturales para adaptar sus reglamentos internos y garantizar el cumplimiento de la norma en todos los espacios de trabajo. Este cumplimiento debe ser visto no solo como un requisito legal, sino como una inversión en la salud ocupacional y la dignidad laboral, dado que muchas afecciones musculoesqueléticas surgen de condiciones laborales inadecuadas.