Río de Janeiro, Brasil.– Una de las operaciones policiales más letales en la historia reciente de Brasil dejó un saldo provisional de 132 personas muertas en las favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha, al norte de Río de Janeiro. La acción fue dirigida contra la organización criminal Comando Vermelho (CV), considerada una de las más poderosas y antiguas del país.
El operativo involucró aproximadamente 2.500 agentes, incluyendo unidades especiales, helicópteros, drones y vehículos blindados, y tuvo como objetivo desmantelar las células delictivas del CV responsables de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y otros delitos graves.
El Comando Vermelho, fundado en 1979 en la prisión de Ilha Grande, ha logrado expandir su control territorial en Río de Janeiro y otras regiones del país. Actualmente domina una parte importante de las favelas de la zona norte de la ciudad y mantiene influencia en cadenas internacionales de narcotráfico. Su poder y capacidad para desafiar al Estado lo convierten en un blanco prioritario para los operativos de seguridad.
Testigos y organizaciones civiles denunciaron escenas de cuerpos tendidos en las calles y ejecución de presuntos criminales durante la operación. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó una investigación independiente, advirtiendo sobre posibles violaciones a los derechos humanos y víctimas civiles atrapadas en medio del conflicto.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la acción policial, asegurando que los fallecidos eran miembros armados de la organización criminal que resistieron a las autoridades, y calificó la operación como “la más grande en la historia del estado”.
El hecho ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza en Brasil, la proporcionalidad de los operativos y las garantías del debido proceso. Expertos y activistas advierten que este tipo de acciones pueden generar un precedente peligroso en materia de seguridad, especialmente en comunidades vulnerables.
El operativo se suma a una serie de acciones del Estado brasileño para controlar el narcotráfico en Río de Janeiro, aunque los críticos sostienen que los altos costos humanos y sociales podrían superar los beneficios en términos de seguridad pública.