Una tragedia se registró la noche del lunes 6 de octubre en la carretera Ciudad Mante-Tampico, en Tamaulipas, cuando elementos del Ejército Mexicano dispararon contra una camioneta blanca, que supuestamente intentó embestir uno de sus vehículos convoy. El saldo fue de seis personas muertas y varios heridos, tras lo que autoridades investigan si se trató de una confusión en la que los militares habrían confundido trabajadores con delincuentes.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas, cuando un convoy militar conformado por tres vehículos circulaba por la vía federal. Militares informaron que percibieron una amenaza al ver que la camioneta blanca “intentó embestir” uno de sus vehículos, por lo que, tras realizar maniobras defensivas, respondieron con fuego. Al menos cinco personas fallecieron en el sitio y una más murió posteriormente en el hospital; además, se reportaron tres heridos.
Testimonios y fuentes locales señalan que las víctimas eran trabajadores o jornaleros que viajaban en un vehículo particular, sin indicios de participación en actividades ilícitas. Al momento, no se ha confirmado plenamente si los ocupantes del vehículo portaban armas o si existía un vínculo con grupos delictivos.
Tras el incidente, Sedena informó que los elementos implicados fueron relevados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, la Secretaría dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Justicia Militar, ambas con órdenes de investigar los hechos en paralelo.
El presidente de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso y exigió una investigación exhaustiva. En su conferencia matutina, enfatizó que “el uso del arma tiene que ser racional” y reiteró que las fuerzas armadas deben actuar siempre dentro del marco legal.
Este incidente ha reavivado el debate sobre el rol del Ejército en operaciones de seguridad pública, especialmente en zonas con fuerte presencia del crimen organizado como Tamaulipas. Críticos y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de eventos —cuando civiles mueren por fuego militar— dan cuenta de posibles fallas en el protocolo de actuación, exceso de fuerza o errores de identificación.
Las investigaciones en curso deberán esclarecer:
si realmente existió una maniobra de embestida por parte del vehículo;
si las víctimas eran trabajadores inocentes sin vínculo criminal;
si los militares actuaron conforme al protocolo y dentro de los límites legales;
y qué responsabilidades penal y disciplinaria corresponderán a los elementos involucrados.
Aun cuando las diligencias continúan, es un hecho que el episodio ha generado impacto social y político, y será observado