Francisco I. Madero, Coahuila.– Un indignante caso de maltrato infantil ha generado conmoción en el estado de Coahuila, luego de que se denunciara que un niño de tres años fue atado y amordazado por su maestra dentro del aula del Jardín de Niños Vasco de Quiroga, ubicado en el municipio de Francisco I. Madero.
De acuerdo con los reportes oficiales, el menor realizaba sus actividades escolares cuando la docente decidió amarrarlo y colocarle una mordaza, aparentemente como forma de castigo.
Tras el incidente, los padres del menor acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Niños y Niñas y al Ministerio Público para interponer una denuncia formal, buscando garantizar la seguridad de su hijo y evitar que otros menores sufran abusos similares.
La situación cobró mayor gravedad cuando, tras conocerse la denuncia, otros padres de familia afirmaron que sus hijos también habían sido víctimas de la misma maestra. Las acusaciones indican que al menos cuatro menores habrían sufrido agresiones durante los últimos dos años en el mismo plantel.
Ante estos señalamientos, un grupo de padres realizó una manifestación frente al jardín de niños, exigiendo la destitución definitiva de la docente. Señalaron que las autoridades educativas ya habían recibido quejas previas, pero no actuaron oportunamente, lo que permitió que los abusos continuaran.
La supervisora de preescolar de la zona acudió al lugar para mediar con los manifestantes y confirmó que el Área Jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Procuraduría para la Defensa de los Niños y Niñas, iniciaron una investigación formal para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, se informó que la docente fue retirada temporalmente de sus funciones como medida precautoria, aunque los padres de familia consideran que esta acción es insuficiente y exigen una sanción definitiva, así como la revisión del desempeño de las autoridades escolares responsables del plantel.
El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, quienes han exigido un castigo ejemplar y la implementación de protocolos más estrictos de protección en las instituciones educativas del estado.