Ninguna decisión del gobierno de Veracruz ha resultado tan polémica y controvertida como incluir en el Código Penal el delito de Ultrajes a la Autoridad.
Concebido, dice el góber de la 4T, “para proteger a las fuerzas del orden y encarcelar a delincuentes que burlaban la ley” (La Jornada-México, Eirinet Gómez), sirvió, por ejemplo, para encarcelar a par de políticos, el primero, Rogelio Franco Castán, y el segundo, José Manuel del Río Virgen.
Claro, y de paso, para encarcelar a más de cien personas de acuerdo con el senador Ricardo Monreal Ávila, aun cuando para el penalista Tomás Mundo Arriasa, director de Tránsito del Estado con Miguel Alemán Velasco, tiene en la cárcel por lo menos a dos mil 400 personas acusadas de injuriar, agraviar, ofender, humillar, lastimar y agredir a los policías.
Más cauto, el senador Dante Alfonso Delgada Rannauro reveló que por lo pronto tienen cincuenta casos concretos y específicos, documentados, de abusos y excesos del poder con la 4T en Veracruz.
Pero más todavía.
El artículo penal también sirvió para que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados (Va por México) declararan a Veracruz, con los estados de Morelos y Zacatecas) entidades conflictivas a partir del estilo personal de ejercer el poder, caray, en el trío de estados gobernados por MORENA.
Peor tantito: El artículo ha servido para que en Sonora, la familia LeBaron, revelara que pidió la intervención al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que las tropas norteamericanas, igual como lo hacen en el Medio Oriente, intervinieran en Veracruz pues los derechos humanos se están ultrajando.
Y, claro, se trató de una ocurrencia genial, “una tomadura de pelo”, el grito famoso de “Ahí viene el lobo”, una emboscada en que, ni modo, ¡vaya ingenuidad!, cayeron los diputados de MORENA quienes hablaron a través de la legisladora federal, Angélica Ivonne Cisneros Luján, advirtiendo que aquí, en la tierra jarocha, “no necesitamos a Estados Unidos para resolver los problemas”.
Por eso resulta indicativo que a partir del artículo adherido al Código Penal hasta AMLO, el presidente, y el secretario de Gobernación y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervinieran, primero, para defender al góber de la 4T, y segundo, para negociar con Ricardo Monreal una salida, y tercera para pedir al señor Cuitláhuac García cabildeara para derogar el artículo flamable e inflamable, casi casi como aquel delito de disolución social del siglo pasado.
APARENTE RECULE DE MONREAL
Por lo pronto, y mientras la LXVI Legislatura deroga el artículo penal polémico según anunciara el góber, el senador Ricardo Monreal Ávila ha entrado, parece, a un compás de espera y silencio, quizá, quizá, quizá, apostando a un doble juego, calculando, digamos, el año 2024. .
Por ejemplo:
Desde hace un ratito ha dejado de ocupar los medios para insistir en la libertad de su secretario técnico, José Manuel del Río Virgen, preso en el penal de Pacho Viejo, señalado de la autoría intelectual del crimen de un candidato del Movimiento Ciudadano (partido político de Dante Delgado) a una presidencia municipal.
Pero…, en contraparte, los senadores Monrelistas en la Cámara Alta han soltado la versión de que podrían integrar una bancada especial a la ya establecida y volverse independientes y autónomos, claro, con Ricardo Monreal al frente.
Mientras, y detenido en el mes de diciembre, el ex diputado federal y ex alcalde de Veracruz, Del Río Virgen, cumplirá un mes encarcelado y ninguna protesta, inconformidad, cabildeo, marcha, andanada de declaraciones, foros, ruedas de prensa, han servido para ser liberado.
Y el artículo penal controvertido sigue con más vida que las siete vidas de un gatito.
VERACRUZ, ENTIDAD CONFLICTIVA
Según el penalista Tomás Mundo son unas 2 mil 400 personas acusadas de ultrajes a la autoridad y que han de ser liberadas.
De acuerdo con el senador Ricardo Monreal son más de cien.
Según el senador Dante Delgado, tienen cincuenta documentadas…, por lo pronto.
Se ignora la bitácora de la Fiscalía General con el número de ciudadanos de a pie encarcelados por agraviar a policías.
Pero, bueno, en nombre de la ley, la transparencia, la rendición de cuentas, la verdad histórica, la verdad universal, quizá valdría la pena que cada parte documentara sus versiones, por ejemplo, a través de una plataforma digital para así clavar “el índice en la llega purulenta”.
Más como afirma Mundo Arriasa de que habrían de imponerse “sanciones ejemplares para los policías que acusaron a ciudadanos de este delito”.
Más como en el caso de Monreal y Dante quienes pusieron en la cancha nacional los abusos y excesos del poder de la 4T hecha gobierno en Veracruz.
Más, cuando las bancadas federales en el Congreso de la Unión del PAN, PRI y PRD ubicaron a Veracruz como “entidad conflictiva”.
Más cuando el góber machetero precisa que la modificación al Código Penal tenía como objetivo superior “proteger a las fuerzas del orden y encarcelar delincuentes que burlaran la ley”.
Más cuando Dante Delgado lo redondea de manera concreta, específica, lacónica y maciza:
“Basta con que un policía u otra autoridad argumente que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia, para que la persona acusada sea detenida con prisión preventiva” (La Jornada-México, Andrea Becerril, 14 de enero, 22).
Prisión preventiva que significa, mínimo, un año encarcelado.