- “No es normal que el fiscal de un Estado actúe como empleado personal del gobernador en turno, no es normal que se conduzca sin respeto a las víctimas y a sus derechos fundamentales”
AGENCIAS | XALAPA, VER.- Esta mañana el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi Blanchet, solicitó al Congreso del Estado el juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz debido a su mal actuar impartiendo justicia sólo a favor del gobierno del Estado dejando de lado a la sociedad.
Acusó que la función del fiscal constituye un perjuicio a los intereses públicos de la ciudadanía, al violar sistemáticamente garantías individuales y sociales, así como infraccionar en forma intencional la Constitución Política de Veracruz y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
“No es normal que el fiscal de un Estado actúe como empleado personal del gobernador en turno, no es normal que se conduzca sin respeto a las víctimas y a sus derechos fundamentales por más que así haya sido durante muchos años; no es normal y las cosas deben empezar a cambiar”, expresó.
La denuncia interpuesta fue elaborada por el Consejero Jurídico de la ONEA, el maestro Juan José Llanes Gil del Ángel, quien resaltó que es la primera vez que se presenta una solicitud de este tipo, desde la sociedad civil contra un alto funcionario público del gobierno, y consideró que se aportaron elementos suficientes para que el Congreso le dé entrada a esta denuncia y se pueda destituir al fiscal.
“Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Contralor General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios”, justificó.