El delito de ultrajes a la autoridad ha servido para muchos, demasiados, excesivos abusos del poder oficial.
Entre ellos, mil 33 ciudadanos privados de su libertad según la Fiscalía General, aun cuando otros actores políticos hablan de cuatro mil.
Entre ellos, preso estuvo durante siete meses el cineasta originario de Costa Rica, César Julián Herrera Vázquez, yerno del panista Abel Cuevas Melo, efímero tesorero municipal del alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal (aun cuando el politólogo Carlos Ronzón Verónica dice que sigue operando atrás de la raya).
César Julián Herrera tenía oficinas de cineasta en Xalapa. El 6 de agosto del año 2021 fue reportado como desaparecido.
Entonces, se registró un choque con elementos de seguridad estatales y federales en el edificio consabido.
Durante dos días no llegó a casa. Y fue reportado a la Comisión Estatal de Búsqueda, que lanzara una alerta.
Luego, la Fiscalía General confirmó que estaba detenido. Pero omitió detalles. Como Poncio Pilatos, “se lavó las manos” y le “hizo al monje loco”.
Después, lo encarcelaron acusado por el delito de ultrajes a la autoridad.
Además, le buscaron otros ilícitos para mantenerlo privado de su libertad, sin derecho a salir bajo fianza (La Jornada-Veracruz, marzo 13, 2022).
Los artículos del Código Penal floreciendo a plenitud en tierra fértil.
Pero más todavía, la vieja cultura priista de inventar delitos para hundir más a los detenidos.
Desde Costa Rica, su señora madre se apostó en las redes sociales clamando justicia.
Pero, sobre todo, le devolvieran a su hijo.
Sano y salvo.
El viaje a la oscuridad penitenciaria del cineasta duró desde la primera semana del mes de agosto del año 2021 al mes de marzo de este año.
Además, igual que en la cultura priista, la 4T lo detuvo en Xalapa y lo envió al penal de Papantla, y allá lo mantuvo.
Su señora madre, a través de abogados, interpuso un amparo ante juez federal y ganó.
Incluso, el juez “encontró graves violaciones a los derechos humanos del cineasta” (Ibidem).
Y fue dejado en libertad porque ninguna autoridad de la Fiscalía aportó pruebas irrefutables sobre los delitos cometidos.
Y en Papantla, las puertas del reclusorio se abrieron para su liberación.
7 meses y días en que la Fiscalía General lo tuvo preso.
7 meses y cacho en la vida de un hombre que simple y llanamente, era inocente.
7 meses y días encarcelado sin tener culpa de nada.
7 meses en que el gobierno de Veracruz ultrajó sus derechos humanos.
7 meses en que la Fiscalía General agravió los derechos universales del cineasta, la mujer maravilla procurando justicia, la mujer sensible que ha de ser a las injusticias.
Siete meses encarcelado.
La vida reducida a las cuatro paredes de una celda…cuando, caray, el juez federal decretó que ninguna prueba de peso y con peso existía para sostener los delitos. Mejor dicho, para estar confinado en una prisión.
La vida dura de la cárcel donde suele desmoronarse y derrumbarse toda emoción social para seguir viviendo.
Y en contraparte, y al mismo tiempo, fermentando las entrañas para reciclarse sin bajar la guardia.
Siete y meses y cacho soñando con la libertad al término de unas horas, unos días, unas semanas.
Y al mismo tiempo, mirando las rejas que nunca se abrían para salir a la calle y reunirse y abrazar a los suyos.
Todo, por la inteligencia nublada de la autoridad. O en todo caso, las patrañas inventadas desde el poder para perseguir y entabicar a gente inocente y hacer sentir el manotazo a los ciudadanos de a pie.
La pesadilla de los genios jurídicos y penalistas de la 4T.
EL GÓBER INJUSTO
Podrán los 33 (treinta y tres) diputados locales de MORENA, y de paso, la senadora Gloria Sánchez, festinar el incienso de AMLO, el presidente de la república, a su góber jarocho.
Pero en el resto del país ha quedado una vez más la imagen de un gobernador injusto, opositor y enemigo de los derechos humanos, perseguidor de inocentes, caprichudo y berrinchudo para imponer su ley como los viejos caciques priistas del siglo pasado:
Rubén Figueroa Figueroa, de Guerrero.
Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí.
Patrocinio González Garrido, de Chiapas.
Tomás Garrido Canabal, de Tabasco.
Maximino Ávila Camacho, de Puebla.
Jorge Cerdán de Veracruz.
Antonio Toledo Corro, de Sonora.
Grandes depredadores de los derechos humanos, los siete exgobernadores más conspicuos de la historia nacional, a la altura, con sus bemoles, características y limitaciones, del señor Cuitláhuac García.