AGENCIAS | XALAPA, VER.- Luego de que fuera analizada la iniciativa de revocación de mandato en el Congreso federal desde el pasado mes de agosto e inscrita en la Constitución Política de México desde diciembre del 2019, es hoy ya un mecanismo de participación ciudadana.
La nueva ley constitucional pretende garantizar el derecho político de las y los ciudadanos al solicitarles participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, comenta Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Para el Instituto Nacional Electoral, ese derecho se traduce en la obligación de organizar con legalidad, imparcialidad y certeza este novedoso proceso de democracia directa, en caso de que cumplan las previsiones establecidas en el artículo 35 de la Constitución”.
Este artículo hace referencia a que el INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan tal como si fuera un proceso electoral en el que se elegiría a un ciudadano; aquí se determina si continúa o no el servidor público al frente del cargo de elección.
“Dada la importancia que tiene este ejercicio de democracia directa, es necesario reiterar que para el INE la revocación de mandato implica, para efectos prácticos, la organización de un proceso electoral federal en plena forma, similar a los que han antecedido con todo lo que ello significa en términos de planeación, programación y despliegue logístico”.
Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público o privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el fin de influir en las preferencias de la ciudadanía, pues además los recursos para la realización de este ejercicio se pedirán exprofeso a la Secretaría de Hacienda.
“En caso de no realizarse estos ejercicios, tales recursos se devolverán puntual e íntegramente a la Tesorería de la Federación”.
Además de quedar prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato; el Instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el transitorio cuarto del decreto de reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2019.
Este ejercicio de democracia está programado para el 27 de marzo de 2022 y se destinarán 3 mil 800 millones de pesos, se instalarán 161 mil casillas, se recibirá por internet la votación de mexicanos en el extranjero y hará uso de aplicación para recolectar firmas de apoyo.